Una mujer que se desempeñaba en la Central de Policía quedó imputada y detenida tras denuncias por maltrato y abuso sexual contra dos menores bajo su guarda preadoptiva. Su esposo, también involucrado, ya estaba arrestado en la misma causa.
Una mujer policía fue detenida luego de ser imputada por presuntos maltratos y abuso sexual contra dos menores de 7 y 5 años que tenía bajo guarda preadoptiva. La uniformada cumplía funciones administrativas en la Central de Policía y fue arrestada el miércoles 3 de diciembre. Su esposo, un gendarme, ya se encontraba detenido en la misma investigación.
Las denuncias surgieron por parte de la madre biológica y la tía materna de la imputada, quienes también son abuela y madrina de la niña mayor respectivamente. A partir de esos testimonios se inició una investigación que reveló indicios graves para los fiscales.
La fiscal ayudante Érica Funes y el fiscal Roberto Ginsberg encabezaron la acusación, presentando elementos como declaraciones de familiares, informes profesionales y audios atribuidos a la niña víctima. Aunque estos audios se mantuvieron bajo reserva para proteger a los menores, describían episodios de violencia y conductas sexuales inapropiadas vinculadas a la imputada.
Las denunciantes detallaron que los menores sufrían violencia física reiterada, y la niña mayor relató situaciones particularmente graves que movilizaron al Ministerio Público a intervenir con urgencia. Se añadió que tras las primeras denuncias, la mujer habría amenazado a familiares, y que su posición dentro de la fuerza policial podría haber dificultado la investigación.
También se expuso un episodio en el que la imputada manifestó intenciones de suicidarse en presencia de los menores, aumentando la vulnerabilidad del entorno familiar. Por ello, Fiscalía solicitó 4 meses de prisión preventiva y 8 meses de investigación penal preparatoria, además del anticipo jurisdiccional de prueba para proteger a los niños mediante una declaración en Cámara Gesell.
Los menores estaban en proceso de guarda preadoptiva desde 2022 y próximos a obtener una sentencia de adopción. La defensa, representada por el abogado Manuel Gimenes Puchol, pidió que la prisión preventiva se cumpliera en domicilio de una amiga, alegando problemas de salud y presentando un informe médico, intentando también negar riesgo procesal.
Finalmente, la jueza Celia Maldonado impuso 3 meses de prisión preventiva efectiva en la Comisaría 28°, acorde al pedido de la imputada. Además, estableció un plazo de 8 meses para la investigación penal. La magistrada destacó la importancia de preservar las pruebas y proteger el testimonio de los menores.
La identidad de la policía, su esposo y demás personas involucradas se mantiene bajo estricta reserva para garantizar la protección integral, física, psicológica y emocional de los niños víctimas, conforme a la normativa vigente.
