Los tres integrantes de la cooperativa 9 de Julio Avanza fueron acusados por los delitos de falsa denuncia y defraudación, por la desaparición de una millonaria suma.
Si bien dijeron que habían sufrido el arrebato de un motochorro, las pruebas los pusieron contra las cuerdas y marcharon presos al Penal de Chimbas.
Después de haber caído detenidos, los miembros de una cooperativa de 9 de Julio se sentaron frente al juez de Garantías y fueron acusados formalmente por haber perpetrado un autorobo.
Es que la fiscalía los señaló por los delitos de defraudación y de falsa denuncia, pues denunciaron el robo de una cifra millonaria, que le pertenecía a la entidad que representan, pero las pruebas los dejaron en evidencia y quedaron contra las cuerdas. Se trata de Omar Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, quienes recibieron un mes de prisión preventiva, a pedido de los fiscales Claudia Salica y Miguel Gay, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, y por decisión del juez de Garantías Javier Figuerola.
Es que para los representantes del Ministerio Público, el hecho de que recuperaran la libertad ponía en peligro la investigación.Para la parte acusadora, fueron claras las maniobras de entorpecimiento de los imputados, los que habrían intentado usar el sistema jurídico en su beneficio y distraer una investigación policial del verdadero foco.
“Su conducta fue la de desviar la instrucción”, indicó Salica, quien además remarcó la necesidad de encontrar el dinero que falta.Es que si bien los sospechosos declararon que extrajeron $18.000.000 del banco Credicoop, que los separaron en dos bolsos y que un motochorro les arrebató uno de ellos, en inmediaciones de Laprida y Entre Ríos, en Capital, la instrucción de los fiscales y la brigada a su cargo encontró una prueba que los complicó todavía más: un ticket de extracción bancaria por $27.800.000.
En dos allanamientos simultáneos, en los domicilios de padre e hijo (convivientes) y de la mujer, las autoridades hallaron cerca de $8.000.000, por lo que restaría encontrar unos $19.800.000. Es por eso que, por el bien de la instrucción, el magistrado ordenó la medida coercitiva más gravosa y los acusados marcharon presos al Penal de Chimbas.
Como ya lo había anticipado este diario, los primeros indicios del caso hicieron sospechar a los pesquisas pues las cámaras de seguridad en la zona, donde dijeron que ocurrió el robo, mostraron que no sucedió tal hecho y que, además, se hallaban en compañía unos de otros, cuando habían manifestado que uno de lo sujetos caminaba solo cuando fue sorprendido por un delincuente.Ahora bien, los fiscales buscarán determinar el origen de ese dinero, ya que si resulta ser de una entidad estatal, como podría ser el municipio al que pertenecen, o la misma Nación, la figura endilgada se agravaría por ser en perjuicio de la Administración Pública.
A pesar de que en audiencia Carrizo (p) dijo ser portero de una escuela, Carrizo (h) manifestó tener un emprendimiento de chacinados y Avendaño admitió estar desempleada y ser estudiante de Abogacía, ninguno detalló su vínculo con la cooperativa denominada “9 de Julio Avanza”.
Fuentes allegadas detallaron que los sujetos son punteros políticos y aseguraron que la universitaria de 30 años es la presidenta de la organización.Tras el dictado de la prisión preventiva, se estima que la abogada que los defiende, Alejandra Iragorren, impugne la resolución para conseguir que sus patrocinados recuperen la libertad y así permanezcan durante el curso de la investigación.
Fuente: Tiempo de San Juan
