El gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que impacta sobre las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria a Granja Tres Arroyos en el marco del conflicto abierto con las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.
La conciliación obligatoria será por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.
Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores.
En el marco de la audiencia, se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.
Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores.
La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.
La compañía argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
Julio Chamorro, secretario general del STIA, rechaza esos argumentos: “Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial”, señaló.
Además, destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. “No es real, el consumo de pollo sigue creciendo”, afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. “Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones”, sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.
