La Justicia formalizó la investigación contra los efectivos acusados de golpear salvajemente a un joven en Las Chacritas. El Ministerio Público Fiscal solicitó en la formalización que el agente que le quebró la pierna vaya al Penal mientras avanza la causa. El juez dio a lugar a esta medida.
Lo que comenzó como una arresto por una simple contravención en 9 de Julio, derivó en un grave escándalo institucional que tiene a cinco efectivos de la Policía de San Juan en el banquillo de imputados. Al mediodía de este viernes, la Justicia dio por formalizada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los cinco uniformados de la Comisaría 31ra de Las Chacritas, imputados por propinarle una brutal golpiza a un joven de apellido Pasten, a quien presuntamente le fracturaron una pierna en el interior de la seccional.
El caso, que salió a la luz el pasado 18 de julio tras la denuncia de la madre de la víctima, tuvo su audiencia de formalización con la presencia de todas las partes. El Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo representado por el fiscal Iván Grassi, junto a las ayudantes fiscales Gimena Cornejo y Agustina Plateo; mientras que la querella fue asumida por los abogados Cristian Ferré y Adrián Berni. Por su parte, la conocida penalista María Filomena Noriega ejerció la defensa de los cinco policías involucrados.
Los efectivos, que al momento del hecho cumplían el servicio de guardia en el horario de 22:00 a 07:00, fueron identificados como el cabo José Gabriel Páez (38) y los agentes Miguel Alejandro Saldaña (26), Lucas Ortiz (28), Hernán Ochoa (25) y Fabián Atencio (30).
Derecha a izquierda: cabo José Gabriel Páez (38), agente Miguel Alejandro Saldaña (26), agente Lucas Ortiz (28), agente Hernán Ochoa (25), agente Fabián Atencio (30)
La reconstrucción del horror en “el punto ciego”
Según la exposición del Ministerio Público Fiscal, el calvario de Pasten comenzó alrededor de las 23:30 horas, cuando fue aprehendido por infringir los artículos 98, 109, 117 y 118 de la Ley 941-R (Código de Faltas). Al ser trasladado a la dependencia policial, los efectivos lo habrían llevado hacia un “punto ciego” del edificio -una zona fuera del alcance de las cámaras de seguridad- donde le exigieron que se desnudara.
En ese rincón, los registros de audio captaron el inicio de un altercado entre el detenido y el cabo Páez. Inmediatamente, los otros cuatro agentes se acercaron y rodearon al joven. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando el agente Hernán Ochoa ejecutó una maniobra violenta que hizo caer a Pasten pesadamente al suelo, provocándole la fractura del peroné de su pierna derecha, según la acusación provisoria de fiscalía. Ante este exceso, la fiscalía remarcó un dato escalofriante: ninguno de los otros cuatro efectivos presentes hizo absolutamente nada para detener la agresión.
Quejándose de un dolor, el joven fue ingresado al calabozo rengueando. Sin embargo, la tortura no terminó allí. Minutos después, Ochoa, Saldaña y Páez ingresaron a la celda, volvieron a arrojar a Pasten al suelo y lo arrastraron nuevamente hacia el punto ciego y luego hacia el baño.
Los audios de la dependencia, fundamentales para la acusación, registran con crudeza los gritos de dolor de la víctima durante este segundo ataque.
Pese a la gravedad de la lesión, los uniformados mantuvieron al joven en esas condiciones durante toda la madrugada. Recién a las 10:00 de la mañana del día siguiente decidieron trasladarlo al médico legista, quien confirmó de inmediato la fractura de peroné, una lesión que le demandará al menos 35 días de incapacidad, siempre y cuando no surjan complicaciones médicas.
“Mi hijo me contó que le pegaron y le fracturaron la pierna. Uno solo lo fracturó, pero dijo que están los cinco” había expresado la madre del menor al radicar la denuncia que dio origen a la pesquisa.
Con base en estos elementos probatorios, el fiscal Grassi solicitó un plazo de 1 año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y delineó las calificaciones legales que le caben a cada uno de los acusados según su grado de participación:
* Agente Hernán Ochoa: Imputado por apremios ilegales y lesiones graves, agravadas por ser funcionario público. Al ser señalado como el autor material de la fractura, el MPF solicitó para él prisión preventiva por el plazo de 15 días. La fiscalía argumentó que existe un claro riesgo de fuga y, fundamentalmente, peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que por su condición de policía podría influir sobre los testigos (sus propios colegas) en esta etapa crítica de recolección de pruebas. El juez Alberto Caballero dio a lugar a este pedido.
* Cabo José Gabriel Páez y Agente Miguel Alejandro Saldaña: Imputados por vejaciones y apremios ilegales, debido a su participación directa en los maltratos y arrastres posteriores a la fractura.
* Agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio: Imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público (por omisión de ayuda), ya que presenciaron los vejámenes y no intervinieron para hacer cesar el delito.
Para estos últimos cuatro efectivos (Páez, Saldaña, Ortiz y Atencio), el Ministerio Público Fiscal no pidió la prisión preventiva, pero sí solicitó que atraviesen el proceso en libertad bajo estrictas medidas de coerción. Entre ellas, la prohibición de entorpecer la investigación, la obligación de presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a sus domicilios, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial, y la prohibición de acercarse entre ellos o a la Comisaría 31ra. Además, se exigió que, mientras dure el proceso, cumplan funciones en una dependencia completamente distinta a la de Las Chacritas.
