La abogada que representa a la menor aseguró que la situación terminó afectando gravemente la salud de la menor y, además, cuestionó que la institución no haya dejado constancia de los episodios ni activado los protocolos correspondientes.
Una familia sanjuanina inició acciones ante la Justicia luego de denunciar una situación de bullying que habría sufrido su hija durante varios años dentro de una escuela. Según relató la abogada que representa a la menor, las agresiones fueron reiteradas y terminaron provocándole una grave afectación emocional, al punto de requerir atención psicológica y psiquiátrica.
La situación fue expuesta por la abogada Cristina Soriano, quien explicó que tomó intervención en el caso luego de que seis o siete compañeras comenzaran a agredir a la menor. De acuerdo con su relato, los episodios se habrían extendido durante cuatro o cinco años, pese a que la institución educativa habría tomado conocimiento de lo que estaba ocurriendo desde el comienzo.
El episodio que marcó un punto de quiebre ocurrió el 30 de julio, cuando la menor sufrió un ataque de ansiedad y angustia dentro de la escuela, se desmayó y debió recibir asistencia médica. Sin embargo, según denunció Soriano, cuando comenzó a intervenir en representación de la familia descubrió que no existían actas internas que dejaran constancia de los hechos ni de lo ocurrido ese día.
Se produjo un accidente de angustia y un ataque de ansiedad que se desmayó en la escuela por agresiones reiteradas y seguidas”, explicó la abogada durante una entrevista con Compacto 13. También señaló que la ambulancia fue convocada, pero que posteriormente no encontró registros formales sobre la situación.
Ante esto, la representante legal de la familia se presentó ante el Ministerio de Educación para realizar un planteo y exigir que se aplicaran los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Además, posteriormente se realizó una denuncia penal, que quedó en el ámbito de la Justicia Penal de Menores.
Soriano cuestionó especialmente que, según su interpretación del caso, no se hayan activado a tiempo los protocolos previstos para situaciones de violencia escolar. Sostuvo que la normativa contempla procedimientos específicos que incluyen la confección de actas, la intervención de los gabinetes técnicos y el acompañamiento tanto de la víctima como de quienes ejercen las agresiones.
La abogada también aseguró que el caso incluyó episodios de violencia virtual, ya que las agresiones habrían continuado a través de canales de WhatsApp. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de que las instituciones educativas conozcan y apliquen las herramientas existentes para abordar estas situaciones.
Actualmente, la menor se encuentra bajo atención psicológica y psiquiátrica, mientras la familia afronta los gastos derivados de su tratamiento y contención. Para Soriano, la falta de intervención oportuna habría permitido que la situación escalara hasta afectar seriamente el estado emocional y el desarrollo cotidiano de la niña.
Se podría haber evitado llegar a esta situación si se hubiese aplicado el protocolo en sus momentos”, sostuvo la abogada, quien además afirmó que existen otros casos de bullying en escuelas públicas y privadas que no siempre llegan a ser denunciados.
Qué dijo Educación sobre los casos de bullying
Las declaraciones de Soriano se conocieron en medio de otros episodios de violencia escolar que generaron preocupación en San Juan. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, había señalado que las escuelas cuentan con herramientas para intervenir y que deben trabajar tanto con los estudiantes involucrados como con sus familias.
“Es la escuela la que tiene que solucionar esta situación”, sostuvo Fuentes, al explicar que los gabinetes trabajan con quienes ejercen las agresiones y con quienes resultan víctimas. También remarcó que se realizan actividades con los compañeros de los cursos donde se producen estos hechos.
En este contexto, el caso que representa Soriano quedó ahora en manos de la Justicia, mientras la familia busca determinar responsabilidades y obtener una respuesta frente a una situación que, según denuncian, se extendió durante años y terminó provocando consecuencias graves en la salud emocional de la menor.
