En el marco de una reunión en conjunto de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, y Hacienda y Presupuesto, los legisladores integrantes de las mismas recibieron al secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, para dialogar y responder las consultas sobre el proyecto de Ley del Ejecutivo referido al Acuerdo Marco de colaboración en materia de obras públicas.
El encuentro, llevado a cabo en la sala de reuniones del segundo piso del edificio anexo, estuvo encabezado por los presidentes de las comisiones de Obras, diputado Enzo Cornejo; y de Hacienda, Franco Aranda. Participaron además los legisladores María Lascano, Rosana Luque, Mónica González, Mario Herrero, Stella Caparros, Marisa López, Emilio Escudero, Alejandra Leonardo, Miguel Vega, Marcelo Mallea, Horacio Quiroga, Luis Rueda y Carlos Jaime Quiroga.
En la ocasión, se dio lectura a este convenio firmado entre la Secretaría de Obras Públicas y la provincia de San Juan tras la declaración, en el artículo 1º del Decreto Nº 70/23 de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico.
En virtud de esta situación las partes intervinientes en el convenio consideraron conveniente trabajar en forma conjunta a los fines de adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que el país padece, compartiendo esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. De esta manera, el Estado Nacional ha decidido transferir el financiamiento y/o la ejecución de determinadas obras públicas a las provincias, siempre que se encuentren en condiciones de asumir dicho compromiso.
Por su parte, la provincia, priorizando el interés en el progreso y bienestar de sus ciudadanos, ha expresado su disposición y compromiso para asumir la responsabilidad aludida en el considerando precedente, reconociendo la importancia de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución de las obras públicas, así como el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad establecidos en los contratos respectivos.
