Las tres jóvenes oriundas de Caucete que intentaron llevarse varios productos ocultos en carteras y mochilas el pasado martes recibieron una probation. Las tres jóvenes que fueron detenidas el pasado martes por la noche luego de intentar robar en un conocido híper mercado de Capital, evitaron una imputación y encarcelamiento y en su lugar deberán cumplir con tareas comunitarias para mantener su libertad. Es que Agostina María Molina (20), Agustina Nicol Tello (19) y María Jazmín Correa (19), comparecieron ante un juez de Garantías el viernes por la tarde para escuchar la imputación en su contra por el delito de tentativa de hurto. Y es así que el juez de la causa resolvió dictar la suspensión de juicio a prueba (probation) para las tres jóvenes, por el término de un año. Además, por ocho meses deberán realizar trabajos no remunerados en la Municipalidad de Caucete (departamento del cual son oriundas) durante un plazo de ocho meses hasta que cumplan las 120 horas de trabajo. También, cada una deberá pagar una suma de $50.000 en concepto de reparación simbólica, a favor de merenderos y, por ultimo, no podrán ingresar al Híper Libertad durante un año. El caso Las sospechosas habían viajado el pasado martes 30 de diciembre, desde el departamento Caucete con el objetivo de sustraer mercadería del comercio. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en el Hiper Libertad, donde personal de vigilancia detectó a las jóvenes mientras ocultaban distintos productos entre sus pertenencias. Entre los elementos robados había fiambres, bebidas, productos de belleza, perfumes, protectores solares y hasta preservativos. Pese a haber logrado salir del supermercado sin abonar la mercadería, las jóvenes fueron interceptadas a los pocos metros por efectivos policiales que se encontraban realizando adicionales en el lugar. Quedaron detenidas, a disposición de la UFI Flagrancia,

    Personal policial de las comisarias 32 y 37 fueron parte de un gran operativo que comenzó con una historia que nació en  Ruta 20 y 141 Caucete, con el fin de prestar colaboración ya que un camión SKANIA, el cual era conducido por una persona de sexo masculino mayor de edad, se dio a la fuga de un control policial de la unidad rural en la localidad de la DIFUNTA CORREA. Donde el mismo le dio positivo en el Alcohotest, donde en dicha fuga atropello a un efectivo policial y a su rodado.- Ahora bien, es que el camión al llegar a ruta 20 tomo rumbo hacia el cardinal SUR, con dirección a Jurisdicción de Cría 32ª es que por ello, el móvil 32-50 a cargo del Oficial ayudante Morales Facundo, Cabo Primero Perez Juan, Agente Moran Jenifer y Agente Heredia Facundo, procedieron a la custodia por el lado delantero de dicho camión, se hace mención que detrás de este, se dirigía el móvil 107 del comando radioeléctrico Este, y el móvil de comisaria 37ª los cuales iban en colaboración . Ahora bien es que al pasar el control encon este hizo una maniobra peligrosa y logro evadir dicho control, es que siguiendo con la persecución, el mismo se detuvo en el arco LIMITE CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS, donde personal policial de esta sede conjuntamente con Gendarmeria Nacional Procedieron a la Aprehensión de esta persona de Sexo Masculino el cual fue identificado como ALGAÑARAZ EDGARDO GASTON,   ARGENTINO, DE 50 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN BOULEVARD CABRINI 224PERDRIEL – LUJAN DE CUYO MENDOZA.- DONDE ESTE MANEJABA UN CAMION MARCA SCANIA DE COLOR BLANCO DOMINIO AH373 FL SEGUIDAMENTE SE COMUNICO LA DRA. PRINGLES DANIELA, FISCAL DE UFI DELITOS GENERICOS, QUIEN DIO A CONOCER LA ORDEN DE DETENCION TELEFONICA, TODO ELLO DADO POR EL DR. PABLO LEON, JUEZ DE TURNO

Cierran el boliche Lázaro en Caucete por meter menores adentro En plena madrugada del sábado, el boliche Lázaro Point, que está en Paula Albarracín de Sarmiento en Caucete, recibió un paro inesperado: clausura preventiva por orden de la jueza de paz, Dra. Luciana Salvá. ¿El motivo? Un operativo de la Comisaría Novena destapó que había menores de edad metidos adentro, un papelón que va contra todas las normativas que regulan este tipo de lugares y que pone en riesgo a los pibes. No es sólo que entraron: las condiciones del lugar para cuidar a los adolescentes también estaban para el olvido. No es la primera vez que Lázaro Point hace ruido por malos pasos: la policía y la Justicia tienen antecedentes de clausuras anteriores por peleas y violencia que se vivieron en el local. Los vecinos y quienes frecuentan los boliches de la zona están cansados de que siempre haya problemas, sobre todo cuando la fiesta termina y provoca incidentes en las calles de Caucete. La Dra. Salvá no dudó y mandató el cierre inmediato, priorizando la seguridad de los menores y la seriedad en los controles. La presencia urgente de la Comisaría Novena fue para cumplir con la orden y revisar toda la documentación que justificara tan contundente medida. La historia de este boliche se sigue escribiendo, pero esta vez con un cierre que busca ponerle un freno a este descontrol.

El tribunal que integra la Sala I de la Cámara Penal definió que el debate comenzará el 23 de febrero, cuando el actual jefe comunal se sentará en el banquillo acusado de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. Tras más de un año de espera desde que se conformó el tribunal que tendrá en manos el debate, la Justicia fijó fecha de juicio contra el actual intendente de Angaco, José Castro. Se trata de la causa que se desencadenó a fines de 2019, previo a que el jefe comunal dejara el municipio tras un segundo mandato. En ese momento, quienes eran ediles lo denunciaron por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal para un predio particular en Chimbas. La causa tuvo demoras y no fue hasta los últimos días de este 2025 que los jueces miembros de la Sala I de la Cámara Penal establecieran que el debate comenzará el 23 de febrero. Castro fue procesado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, delitos que conllevan una pena en expectativa que va de los 2 a 6 años de prisión, a los que se les podría sumar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. El intendente de Angaco viene sosteniendo que es inocente de los delitos que se le acusan.     La situación penal de José Castro no le impidió presentarse como candidato en las elecciones de 2023, comicios en los que resultó victorioso, por lo que retomó las riendas de la comuna tras un impasse de cuatro años. Además, si bien la denuncia se presentó en 2019, cuando estaba por dejar la intendencia de Angaco, no fue hasta mediados de 2022 que su procesamiento quedó confirmado, tras una resolución que llevó la firma de los jueces  Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso y Maximiliano Blejman. Ese mismo año la fiscal Claudia Salica solicitó que la causa sea elevada a juicio, pero el expediente no tuvo movimientos durante un año, hasta que finalmente se elevó a la Cámara Penal a la espera de que se fije la fecha de debate. Con ese paso cumplido, se comenzó a definir el tribunal que tendrá en manos el juicio, el que se conformó recién a mediados de 2024 con los magistrados Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h). Dicho cuerpo tuvo demoras para fijar una fecha ya que priorizó causas con personas detenidas y delitos más gravosos. Sin poder establecer una fecha durante este 2025, los magistrados coincidieron en no postergar más el inicio del juicio el que, finalmente, quedó fijado para el 23 de febrero de 2026. Castro viene sosteniendo que es inocente de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, y que todo se debe a una puja política interna de Angaco. Es que, a fines de 2019, el jefe comunal estaba enfrentado con los ediles, quienes lo denunciaron por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar tareas en un terreno privado de Chimbas. Según la investigación que llevó adelante la fiscalía y que luego le valió la confirmación de su procesamiento, existen “elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho criminal investigado, del cual resultaría responsable el señor José Castro Galdeano”. Según el expediente “en fecha 12 de octubre de 2019 en el terreno privado ubicado en calle Oro entre Necochea y Ruta 40 (vereda Norte) departamento Chimbas, se encontraba realizando tareas de compactamiento de suelo una máquina tipo retropala marca John Deere color amarillo, propiedad del Municipio de Angaco y tres empleados del mismo municipio”. Además, en el predio también se encontraba el intendente José Castro. Así sería la máquina que fue utilizada para tareas en un predio de Chimbas.   Un antecedente reciente y similar a la causa que irá a juicio en febrero, es por la que resultó condenado en octubre pasado Facundo Nievas, quien se desempeñó como capataz general de Angaco. El empleado fue denunciado por haber realizado obras con material municipal en un predio privado y, tras el juicio, recibió una pena de 4 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Así, hay quienes entienden que Castro podría recibir un castigo similar y, más allá de una pena de cárcel, también una inhabilitación. Un dato no menor es que, si el actual intendente es condenado con una inhabilitación y dicho fallo queda firme, deberá dejar su cargo si todavía se desempeña como jefe comunal. Con un juicio a iniciarse el 23 de febrero, un eventual castigo será apelado a la Corte de Justicia, tribunal que no tiene plazos para pronunciarse. Los tiempos no son menores, ya que, en 2027 habrá elecciones y es casi un hecho que Castro tendrá intenciones de presentarse para un segundo mandato, decisión que puede tener un obstáculo si recibe una condena en su contra y también a la inversa, se puede ver fortalecida si es absuelto.       Facundo Olivera para el 264

El conductor ya había sido identificado por la UFI Delitos Especiales y era intensamente buscado desde hace varias horas. Cerca del mediodía de este viernes, se entregó en comisaría 17ma el conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó el choque y la fuga en Chimbas, este 25 de diciembre a primera hora. La fiscalía y los brigadistas de UFI Delitos Especiales ya lo tenían identificado desde hace varias horas y lo estaban buscando. Acorralado, decidió presentarse voluntariamente en la seccional con su camioneta, expresaron. La investigación del choque recayó en manos de la UFI N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Según manifestaron, el hombre que se fugó tras el choque y ahora quedó detenido se llama Marcelo Jaime, de 47 años.

  Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizaron operativos de controles de rutas y accesos en todo el país, en el que Caucete encabezó la alcoholemia más alta registrada con 1,83 g/l. En total, la entidad detectó 97 conductores alcoholizados en distintos operativos realizados en el territorio nacional. Como resultado de las fiscalizaciones, el organismo controló 5.220 vehículos, se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia. En todos los casos de alcohol al volante, los conductores fueron retirados de circulación. Desde la ANSV señalaron que el operativo se desarrolló en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, un período caracterizado por el aumento de la circulación vehicular. Los controles por las Fiestas continuarán durante el día. Las alcoholemias más altas 1,83 g/l en Caucete, San Juan 1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos 1,57 g/l en Wanda, Misiones 1,49 g/l en Bariloche, Río Negro 1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro La institución explicó que los procedimientos de control, y en particular los de alcoholemia, forman parte de las acciones permanentes de fiscalización destinadas a reducir la siniestralidad vial. La detección de conductores en infracción permite intervenir antes de la ocurrencia de siniestros graves.