El intendente de Angaco, José Castro, aclaró que los 28 trabajadores municipales en cuestión no serán despedidos, aunque tampoco podrán ser trasladados a planta permanente por falta de vacantes. Luego de la controversia generada en Angaco sobre el posible despido de 28 trabajadores municipales, el intendente José Castro salió a aclarar que dichos empleadosno serán despedidos, aunque tampoco serán trasladados a planta permanente debido a la falta de vacantes disponibles. Este lunes, se llevó a cabo una marcha en el departamento Angaco para protestar por los supuestos despidos. Ante esta movilización, Castro atribuyó la protesta a motivaciones políticas de la gestión anterior. “Asumimos el 10 de diciembre y esta demanda ya estaba en trámite. El juicio ha culminado y hay una sentencia sobre la nulidad de ese decreto, que demuestra que se utilizó un decreto sin contar con las vacantes necesarias para hacer el pase a planta, algo que está prohibido por ley, no solo en el municipio”, explicó. El intendente también criticó la convocatoria a la marcha, señalando que había visto un flyer instando a los vecinos de Rawson a unirse a la protesta.“Darían cualquier cosa para acumular gente y tener la foto de la gente en la calle. No es el ritmo de vida que llevamos en el departamento; los vecinos apoyan nuestra gestión y trabajo”, concluyó.

José Castro mencionó un incumplimiento de convenio con Nación, la incorporación irregular de personal y el cambio de destino a una expropiación. Además, dijo que no cuenta con el legislador para hablar de las necesidades del departamento. A la hora de hacer un balance de sus casi 11 meses de gestión, el intendente de Angaco, el justicialista José Castro, resaltó que ha estado saneando una “administración complicada en lo administrativo y financiero” de su predecesor, el bloquista Carlos Maza. En ese marco, mencionó que tiene que afrontar el incumplimiento de un convenio con Nación, por el que tendrá que pagar poco más de 20 millones de pesos. Además, cuestionó a su antecesor por la incorporación a planta permanente de 28 contratados de manera irregular. El jefe comunal afirmó que una sentencia judicial dio marcha atrás con la situación laboral de los trabajadores, por lo que resaltó que “el tema es la diferencia que se les pagó” como personal efectivo “y el valor del contrato”. Así, habló de unos 300 millones de pesos y destacó que “el único responsable” es Maza. No fue lo único, ya que Castro explicó que está en tratativas para reimpulsar el parque industrial del departamento, cuyo terreno había expropiado para ese fin en su anterior gobierno. No obstante, dijo que el exintendente le dio otro destino, por lo que el inmueble se perdió judicialmente y volvió a manos del antiguo dueño. Recuperarlo implica pagarlo de nuevo, por lo que remarcó que “se analizan todas las situaciones que tienen que ver con lo administrativo, legal y recuperar la plata”. En los tres casos, tiró claras señales de que le entablará una demanda civil a su predecesor. El intendente brindó las definiciones en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, en el que, además, le pegó al diputado departamental, Marcelo Mallea. El legislador “ha tomado una decisión personal, que es hacer política en otro bloque que no es por el cual llegó. Hoy, no contamos con el diputado porque no está dispuesto a sentarse en la misma mesa a debatir las necesidades de Angaco con quien lo llevó en la lista”. Además, cuestionó a Mallea por no hacer nada por los proyectos que había dejado avanzados antes de terminar su segundo mandato y que se paralizaron durante el gobierno de Maza. Castro había llegado a la Intendencia en 2011, de la mano del entonces frente opositor que conducía Roberto Basualdo. En 2015 fue reelecto, pero ya había vuelto al justicialismo. Al finalizar su segundo período en 2019, impulsó a su hermano Alejandro, quien cayó ante el bloquista Maza, quien llevaba en la lista a Mallea como diputado, el que también resultó electo. Ambos consiguieron sus puestos en el frente que lideró el partido ADN. Luego de una cuestionada gestión del integrante del partido bloquista, Castro se desquitó, lo venció y volvió a la jefatura comunal en 2023 en una de las listas del uñaquismo, con Mallea como legislador departamental. Como jefe territorial, el intendente también se consagró como presidente de la Junta del PJ angaquero. En ese contexto, siempre hubo una fuerte disputa entre Castro y Maza, al punto que el contacto en la transición de gobierno fue nula. Así, el jefe comunal resaltó que le llegó el reclamo del Ministerio del Interior por la devolución de 10 millones de pesos que se enviaron en 2021 para la compra de tres movilidades 0 KM y que “nunca fueron rendidos”. Al explayarse, explicó que, de las tres movilidades, “compraron una que jamás rindieron y que no cumplía ni con las condiciones ni la marca estipulada del vehículo”. Por eso, indicó que se trata de un incumplimiento de convenio y que hay “dos opciones. Inicias un juicio, que no tiene ningún sentido porque está perdido antes de ser iniciado. O se realiza la devolución de los recursos, más los intereses. Tenemos el cálculo que son poco más de 20 millones de pesos”. Ante la consulta si entablará una demanda civil contra Maza, el jefe comunal manifestó que “se analizarán los actos administrativos y legales y se actuará en función de lo que corresponda. No se descarta porque soy el responsable de la cuenta anual que se presenta el año que viene y acá va a haber una partida presupuestaria que tiene que ser destinada a eso”. El jueves, salió a la luz la situación de los 28 empleados que eran contratados, que pasaron a planta permanente del municipio en la administración de Maza, pero que, al final, fueron dados de baja. Castro explicó que “fueron incluidos en un decreto que era nulo de nulidad absoluta al momento de su dictado”. Fue así que destacó que el Concejo Deliberante le metió una demanda a la Intendencia porque “debía aprobar partidas presupuestarias para abonarle al personal (incorporado como efectivo) y se encontró con un decreto que incumplía con una serie de normas”. El jefe comunal destacó que le advertían que se “incumplía con la ley de Contabilidad y la de final de mandato”. Esta última normativa, sancionada en el gobierno provincial uñaquista, establece que un intendente no puede incrementar el gasto corriente, como la incorporación de personal, en los últimos nueve meses de la finalización de su mandato. Además, Castro señaló que no se respetó “la ley 142 A del Escalafón del Empleo Público” y que “se incumplió un convenio firmado y homologado en la Justicia entre el Ejecutivo municipal con un gremio (SUOEM), que establecía que las categorías vacantes debían ser utilizadas para recategorizar personal y que las categorías sobrantes, que iban a ser las más bajas, fuesen destinadas a nombrar personal. Nada de eso pasó. Se nombró personal por las categorías superiores en forma directa”. También remarcó que no se ajustó “ni el propio presupuesto, porque la ley dice que, para pasar gente a planta permanente, previamente, tenés que disponer de partidas presupuestarias para abonarle a ese personal. En ese momento, el municipio no tenía aprobado el presupuesto por una cuestión interna con el Concejo Deliberante”. En