El temblor en Chile que se registró este jueves a mitad de mañana repercutió fuertemente en Mendoza. Al punto tal que causó algunas reacciones lógicas por la intensidad con la que se vivió, así como la extensión del movimiento. En otras reparticiones públicas hubo evacuados, como en Casa de Gobierno, la UNCuyo y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, como parte del protocolo. En el microcentro, hubo evacuaciones preventivas de oficinas. Sobre todo, en aquellos que tienen más años, como el ex edificio del Banco Hipotecario, que aloja en la actualidad a la Secretaría de Cultura de la provincia. En los momentos previos, el secretario Diego Gareca atendía a la prensa. Los agentes se apostaron sobre calles España y Gutiérrez. En esa instancia, los trabajadores públicos desalojaron el edificio que es patrimonio histórico.

Habrá un pago automático de 500 mil pesos, aumentan horas extras y dan transporte gratuito. Presionado por una secuencia de manifestaciones de policías que se sostenían y hasta amagaban multiplicarse, el gobierno de Santa Fe concedió una serie de mejoras salariales de efectivización inmediata y de medidas para el bienestar de los policías provinciales. Lo que desactivó la protesta que aunque no afectó el servicio de seguridad puso en claro un descontento notorio por los efectos de la situación económica. Las protestas se habían visibilizado este miércoles con una concentración que bloqueó el portón principal de la Jefatura de Rosario, que prosiguió hasta anoche, y que también se expresó en la plaza 25 de Mayo de Santa Fe, frente al edificio de la Gobernación.  El jueves por la mañana el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni recibió a representantes de los movilizados en una audiencia de dos horas donde se tomaron como atendibles a parte de los reclamos. Por la noche el gobierno anunció un plan de acción que previó un desembolso automático de dinero para el personal que cumple tareas de calle.  La mejora económica pasa por un plus mensual para personal operativo en Rosario, Santa Fe y los principales centros urbanos de 500 mil pesos. Para otras ciudades que están en un segundo rango en cuanto demanda de seguridad los policías recibirán 250 mil pesos. También se implementa un adicional de 250 mil pesos para los choferes de patrulleros. La tarjeta alimentaria policial (TAP) pasa de 80 mil a 160 mil pesos mensuales. Se actualizan los valores de las horas extras de 5.500 a 8.000 pesos por unidad. También se creó un fondo de transporte gratuito y alojamiento sin costo para el personal que presta servicio en zonas alejadas a sus lugares de origen. Y la implementación de un programa integral de salud mental con cobertura para el grupo familiar Estos anuncios contuvieron en principio una protesta que surgió con un petitorio hacia las autoridades que circuló en redes sociales que ganó fuerza, con demandas tales como “salario digno”, “jornadas laborales dignas”, “mejores condiciones laborales” y “no más familias bajo la línea de pobreza”. Las demandas consideradas atendibles por el gobierno se atizaron cuando el sábado un suboficial de 32 años que estaba separado del servicio con carpeta médica se disparó en la Jefatura de Rosario lo que lo llevó a la muerte tres días después. Policías de distinto rango consultados por LPO consideraron que el anuncio básicamente económico distiende pero que será momentáneo. Primero porque los anuncios de plus benefician al sector que está más expuesto al riesgo, con más motivo para la protesta, pero que no es el sector mayoritario de la dotación. En todo Santa Fe, según datos de la misma fuerza, el personal de calle representa entre el 35 y el 40 por ciento de la totalidad de la planta de efectivos. Con lo que una mayoría de la fuerza queda fuera del beneficio económico. Pero además porque el desembolso no es remunerativo. Policías consultados por LPO consideraron que el anuncio básicamente económico distiende pero que será momentáneo. Primero porque los anuncios benefician al sector que está más expuesto al riesgo, pero que no es el mayoritario. En todo Santa Fe, el personal de calle representa entre el 35 y el 40 por ciento de la totalidad de la planta En ese sentido el beneficio es segmentado, no alcanza a la mayoría y hace distinciones según las funciones y el destino de los policías. “Esto patea la pelota para adelante. El personal que no es de calle sigue con los mismos sueldos que causaron el reclamo. La Agrupación Cuerpos en Rosario, que tienen tareas de seguridad operativa, tiene 1800 efectivos. Pero el total de la Unidad Regional es de 6000 efectivos”, dijo a este medio un oficial con grado de comisario. “El personal del 911, los administrativos, los talleres, los de Operaciones, protección de testigos, los peritos, el Instituto de Seguridad Pública no les llega este dinero”, diferenció. Lo que indican distintos oficiales es que el aumento es para una parte de la policía y no para toda ella. “El básico de un suboficial es 220 mil pesos y esto no toca el problema de base que es el salario de pobreza, lo que originó el petitorio”, sostuvo el oficial con mando medio que habló con LPO. El ministro Cococcioni admitió que la mejora no llega a todos. “Todos son importantes, pero ahora se retribuyó con un diferencial a los que tienen una función más exigente y desgastante, además con variables geográficas”, declaró. El gobierno de Pullaro reconoce en la policía, lo que explicita de modo continuo, el factor decisivo para la marcada baja en los índices de violencia que distinguieron en especial a Rosario entre 2013 y 2023, cuando los indicadores de homicidios y balaceras se duplicaron. Entre 2024 y 2025 esos índices se redujeron drásticamente y se equipararon a los de 2010, cuando no había estallado la problemática del mercado urbano de drogas.  Eso lo tuvo presente Cococcioni esta mañana al describir las mejoras. “Estas medidas no nos cuesta implementarlas”, dijo el ministro. “Nosotros empezamos una gestión hace un poco más de dos años con nuestro gobernador, con la misión de devolverle la tranquilidad y de bajar los indicadores de violencia en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, y la policía nos ha respondido”, señaló. “Las medidas que tengamos que tomar como gobierno para que el policía esté mejor, no tengan ninguna duda de que las vamos a tomar”. En la administración de Maximiliano Pullaro el clima de tensión y la penetración de las reivindicaciones causaron una inquietud que terminó ayer con el paquete de mejoras anunciado. Lo que es una referencia para el ámbito de la totalidad de trabajadores estatales, que mantienen con el gobierno un vínculo conflictivo, y que tienen para la semana próxima la primera etapa de discusión salarial en paritarias. Desde el lunes estatales, docentes y personal de salud pedirán una fuerte recomposición de poder

La joven había sido arrestada este viernes en Río de Janeiro. Hasta ahora tenía una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. La Justicia ordenó revocar su prisión preventiva La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por injurias raciales. El arresto se había concretado a 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su prisión preventiva a pesar de que estuviera instalda en un departamento y con tobillera electrónica. Tras una queja de su equipo de defensores, finalmente las autoridades revocaron la decisión. Según confirmó su abogado Sebastián Robles a Infobae, la orden para liberar a la mujer de 29 años fue dictada cerca de las 16:30 (hora argentina). Desde el mediodía que la joven estaba en una comisaría de la ciudad. Para las 17 horas solo faltaba realizar unos trámites para salir nuevamente a la vía pública. Lo que aún su equipo de defensores desconocen es qué va a pasar con las medidas cautelares que le habían impuesto previamente. Entre ellas, la prohibición de salir del país y la obligación de llevar una tobillera electrónica para controlar que no infrinja la norma. Esta definición se conocerá en las próximas horas. Agostina Páez enfrenta una acusación por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado a Agostina el pedido de autorización para volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal. El delito de injuria racial por el qei estuvo unas horas detenida, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continuaba vigente hasta este viernes. La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, en contacto con los medios. La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.La defensa de la abogada sostiene que existieron provocaciones previas durante el incidente en el bar La reacción de la argentina al pedido de prisión El pedido de prisión preventiva fue una angustiante sorpresa para Páez, quien apenas tomó conocimiento de la solicitud emitida el jueves, llamó llorando a su abogado Sebastián Robles en busca de contención y respuestas. Fuentes cercanas a ella describieron a este medio que la mujer de 29 años estaba triste y preocupada por la resolución que pudiera adoptar la Justicia de Brasil tras el pedido. La argentina está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas. En este contexto, su defensor presentó un hábeas corpus en el que solicitó que le permitan a Páez regresar a Argentina y continuar con el debido proceso judicial desde allí. No obstante, antes de que esto fuera resuelto, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro pidió que quede detenida. En la presentación, los brasileños alegaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“. El entorno de la turista argentina valora como exagerado este pedido y se preguntan qué sentido tiene arrestarla ahora si no lo hicieron al principio del caso, cuando podrían haber alegado peligro de fuga. No obstante, su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, por eso buscan escalarlo. “Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, analizó el letrado en diálogo con este medio. Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”

El BCRA reconoció que con el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta. “Se tendría que haber ido antes, perdió prestigio”, afirmó a LPO un respetado técnico que lo conoce bien. Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Indec luego de que el Banco Central admitiera que la demora en la aplicación del nuevo IPC ayudó que la inflación diera más baja en los últimos dos años, una manera de confirmar la manipulación de los datos. El economista le anunció su renuncia a los técnicos del organismo y, según trascendió, sorprendió al Ministerio de Economía y la Casa Rosada, donde no estaban al tanto. “Se tendría que haber ido antes, perdió prestigio”, dijo a LPO un viejo técnico del Indec que lo conoce mucho. La salida de Lavagna se da a ocho días de que se conozca el nuevo índice de inflación. El número de enero es muy esperado ya que es el primero que se realizó con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos. Ese índice estaba listo desde hace meses pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral, lo que generó sospechas de que el gobierno temía que le diera un número de inflación más alto. Renunciaron los encargados de medir inflación y pobreza en medio de versiones de manipulación de los datos Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. “Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el INDEC reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en Electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023). Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de Electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, dice el documento del BCRA. Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%. Con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante por arriba. Ya en 2024 los gremios denunciaban un desfasaje de 15 puntos. Ahora, el propio BCRA dice que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”. Se tendría que haber ido antes, perdió prestigio, dijo a LPO un viejo técnico del Indec que lo conoce mucho Lavagna tuvo que surfear otros escándalos y sospechas de manipulación de datos para favorecer el relato de Milei. El más grosero fue el de los datos de actividad económica de septiembre de 2025, que sorprendieron con una mejora inesperada que evitó que la economía cayera en recesión técnica. Para lograr esa súbita mejora Lavagna tuvo que retocar seis meses de las series de datos y además incorporó cifras de crecimiento muy inusuales en algunos sectores. Por esa polémica Lavagna tuvo que salir a dar explicaciones junto a algunos voceros oficiosos que intentaron tapara el escándalo. Hace poco Lavagna tuvo otro roce con el Banco Central cuando la entidad que preside Santiago Bausili aceptó realizar datos de turismo a la medida de Daniel Scioli para maquillar el rojo del sector. El exmotonauta había roto con el Indec y dejó de financiar las mediciones del instituto porque no le gustaban los datos. Otra polémica de la gestión Lavagna fueron los datos de la pobreza, que el gobierno se encarga de celebrar mes a mes pero que los especialistas cuestionan. El Observatorio Social de la UCA viene advirtiendo que la baja de la pobreza está sobrerrepresentada y exige al Indec que actualice los parámetros de las mediciones.