Valentina Olguín, de Santiago del Estero, fue procesada por la Justicia Federal por utilizar ilegalmente los CUIT y domicilios fiscales de cinco gobernadores, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego, para importar ropa desde Estados Unidos. Se le impuso un embargo de cinco millones de pesos.
La Justicia Federal ha procesado a Valentina Olguín, cantante e influencer oriunda de Santiago del Estero, por el delito de contrabando simulado. La acusación sostiene que Olguín utilizó de manera fraudulenta los datos fiscales de cinco gobernadores argentinos, incluyendo al sanjuanino Marcelo Orrego, para importar ropa desde Estados Unidos. El juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento y un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.
La investigación se inició a raíz de una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió notificaciones de compras realizadas a su nombre desde una tienda en Miami sin su consentimiento. La Fiscalía Federal, a cargo de Agustín Chit, confirmó que la joven no solo empleó los datos del mandatario tucumano, sino también los de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Según la Dirección General de Aduanas, Olguín se valió de los CUIT, números de documento y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar “importaciones encubiertas de mercadería”.
En su declaración indagatoria, Olguín admitió haber obtenido los datos a través de Google y justificó sus acciones alegando que actuaba como intermediaria para una marca estadounidense llamada Revolt, que le enviaba ropa como parte de un acuerdo publicitario. Explicó que, debido a la limitación de cinco importaciones anuales por persona, necesitaba utilizar diferentes CUITs, comenzando por el de Axel Kicillof y luego el resto de los gobernadores.
La abogada de Olguín, Claudia Paz, evalúa apelar el procesamiento, aunque no descartan la posibilidad de solicitar una probation. La estrategia de la defensa incluiría una reparación económica al Hospital de Niños y la publicación de disculpas, dirigidas específicamente al gobernador tucumano, y no se descarta una medida similar hacia los demás damnificados, incluido el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
A pesar de que la joven continuará el proceso en libertad, el delito de contrabando simulado prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.
