El debate por la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años volvió a instalarse en la agenda pública, generando controversia no solo en el plano penal, sino también en el educativo, social y presupuestario. El proyecto propone un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil con énfasis en la educación, la resocialización y la reinserción social, además de prohibir la detención de adolescentes junto a adultos y limitar la privación de libertad a institutos especializados bajo control judicial.
La jueza penal juvenil María Julia Camus sostuvo que el sistema actual requiere una reforma profunda, ya que responde a una ley de la época de la dictadura que no reconoce a los niños como sujetos de derechos. Advirtió que modificar el régimen penal juvenil no es lo mismo que bajar la edad de imputabilidad y remarcó que esta última implica la capacidad real de comprender y decidir sobre los actos cometidos.
Camus señaló que el debate suele carecer de sustento estadístico y citó datos de UNICEF que indican que solo el 2% de los menores entra en conflicto con la ley, siendo excepcionales los delitos graves. Además, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni el presupuesto necesarios para aplicar una reforma de este tipo. Finalmente, defendió la prevención y la resocialización como ejes centrales de la seguridad, destacando el rol de la educación, la familia y la presencia del Estado por sobre el endurecimiento de las penas.
