La medida será llevada adelante por Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI e incluirá entrevistas presenciales con los beneficiarios en todo el país.
El Gobierno nacional anunció una auditoría masiva que abarcará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, luego de detectar irregularidades significativas en los requisitos para su asignación. Según datos obtenidos, un 80% de los beneficiarios no cumplía con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con el PAMI, será la encargada de llevar adelante este proceso de verificación para garantizar que se respeten los criterios de selección. Durante la última auditoría realizada en diciembre de 2024, se identificó que muchos de los beneficiarios no padecían las afecciones declaradas. Como resultado, se cancelaron 212 pensiones cobradas desde cárceles por personas privadas de su libertad y 150 que seguían siendo percibidas por personas fallecidas.
Esta iniciativa forma parte del plan del Ejecutivo para reforzar los controles sobre las prestaciones estatales y asegurar su correcta asignación. Además, se han actualizado las condiciones para determinar la invalidez laboral, cambios que fueron publicados recientemente en el Boletín Oficial.
Criterios de Evaluación
En el marco de esta revisión, el Gobierno explicó que los nuevos lineamientos están basados en baremos desarrollados por expertos en medicina legal, laboral y diversas especialidades. Estos baremos se utilizan para evaluar las condiciones de salud de los solicitantes y establecer si cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.
La normativa incluye apartados que analizan cualitativamente el grado de deterioro psicofísico de los solicitantes, clasificándolos según su impacto en la capacidad laboral. “Este enfoque permite categorizar las afecciones de manera más precisa, determinando si constituyen una incapacidad laboral suficiente, baja o nula”, indicaron desde el Gobierno.
