Los diez hombres detenidos en septiembre de 2024 durante una riña de gallos en el Médano de Oro volvieron a Tribunales, aunque no porque se vieran complicados en su causa, sino por un contratiempo ajeno a ellos. La jueza de Garantías Mónica Lucero había ordenado, como parte del proceso de suspensión de juicio a prueba, que los imputados cumplieran con tareas comunitarias en el Parque Faunístico. Sin embargo, ese compromiso no pudo concretarse debido a que el predio permanecía cerrado por obras edilicias y además carecía del seguro correspondiente para recibir a los voluntarios.
Ante esta imposibilidad, la Fiscalía y las defensas pidieron una nueva audiencia para modificar la medida y poder mantener vigente la probation. Tras negociar alternativas, ambas partes llegaron a un acuerdo: cada imputado deberá entregar 24 cajas de leche en polvo de 800 gramos a Casa Cuna, lo que totaliza unas 240 cajas. Las donaciones deberán ser de un producto de valor proteico o económico equivalente a La Purísima, cuyo precio oscila entre $9.000 y $10.000. Tendrán tiempo de cumplir con la entrega hasta principios de diciembre; de lo contrario, podrían perder el beneficio.
La jueza Lucero aceptó el nuevo esquema y homologó el acuerdo, lo que permite que los imputados continúen bajo el régimen de suspensión de juicio a prueba.
Los diez hombres —Carlos Daniel Núñez, Ramón Alfredo Terrera, José Ramón Puyg, Miguel Aurelio Jofré, Rosendo Amado López, Roberto Cayetano Abrego, Fernando Andrés Aguirre Robledo, Diego Javier Balmaceda, Ricardo Rosales y Ariel Juan Carlos Carrizo— habían sido detenidos en flagrancia cuando participaban de la pelea de gallos en un predio ubicado en calles 14 y América, en Médano de Oro, Rawson.
En aquella intervención policial se secuestraron 21 gallos con púas metálicas atadas a sus patas, $170.000 presumiblemente vinculados a las apuestas y distintos elementos utilizados para las peleas, como estimulantes y cajas de transporte. El fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez, de la UFI Genérica, imputaron a los detenidos por maltrato animal, delito por el que quedaron inicialmente presos. En esta nueva audiencia, participó el fiscal Francisco Pizarro.
Los abogados Pablo Rampulla, Fernando Bueno, Viviana Belén, Horacio Merino y el defensor oficial Alejandro Martín García, lograron acceder a la suspensión de juicio a prueba por un año. En aquel primer acuerdo se habían fijado trabajos comunitarios por cuatro meses en el Parque Faunístico y el pago de 50 mil pesos cada uno a una entidad benéfica, además de ordenar que los gallos rescatados fueran entregados al cuidado de personal de una escuela agroindustrial.
Con la modificación aprobada, la probation sigue su curso y los acusados deberán cumplir ahora con la nueva obligación para evitar una condena.
