Máximo Kirchner negoció con Menem el nombre de los auditores y la ex Presidenta puso a Fernández Sagasti en el consejo que remueve jueces.
Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar “la agenda parlamentaria” con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.
Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.
En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.
“Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte”, afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.
Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.
La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.
Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. “Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso”, afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.
En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.
Uno de ellos fue terminante: “Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno”. “Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura”, agregó.
Cerca del líder de La Cámpora explicaron que “Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada”.
LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..
En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.
LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.
Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura.
