Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que uno de cada tres niños sufrieron inseguridad alimentaria, el nivel más alto en 15 años.
La inseguridad alimentaria infantil alcanzó en 2024 su nivel más crítico en 15 años: afectó al 35,5% de los niños, niñas y adolescentes del país, lo que equivale a 4,3 millones de menores atravesando situaciones de hambre o malnutrición. Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA), que traza un panorama alarmante sobre la niñez en la Argentina actual.
La forma más severa del problema –cuando los niños pasan directamente hambre– impactó al 16,5% de las infancias. Según el estudio titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, la situación empeoró notablemente desde 2010, con picos en 2018, durante la pandemia y en la profunda crisis de 2024.
Entre los factores más determinantes aparecen la pobreza, el empleo informal o precario, los hogares monoparentales y numerosos, y el déficit educativo. El 67% de las infancias eran pobres en el primer semestre del año, y aunque hubo una leve baja hacia fines de 2024 por la desaceleración inflacionaria y el aumento en la AUH y la Tarjeta Alimentar, el hambre persistió en niveles críticos.
El conurbano bonaerense y el interior del país registraron cifras similares de inseguridad alimentaria: 36% y 35%, respectivamente. También se observó una relación directa entre la falta de escolarización y la mayor exposición al hambre, por la ausencia de contención y acceso a comedores escolares.
El informe también señala que la situación laboral del jefe o jefa de hogar es el factor más decisivo. En 2024, los hogares con empleo informal o inestable marcaron un alarmante 51% de inseguridad alimentaria. Incluso en hogares con empleo formal, el índice se mantuvo alrededor del 10%, lo que refleja problemas estructurales más allá del mercado laboral.
El impacto de la AUH y la Tarjeta Alimentar
El informe del ODS-UCA confirma que las transferencias de ingresos como la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen un efecto protector: reducen la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos en la escala del índice. Sin embargo, su impacto es limitado frente a la precariedad laboral estructural.
Entre 2022 y 2024, el 14,8% de los chicos y chicas sufrió inseguridad alimentaria crónica, otro 9,2% empeoró y solo el 44,5% se mantuvo libre de esta problemática durante los tres años.
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores.
Desde el ODS-UCA advierten que las transferencias como la AUH y la TA deben articularse con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar para mitigar el riesgo alimentario y garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
