Este lunes 12 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una fuerte medida que modifica el régimen de beneficios para personas privadas de la libertad. A partir de ahora, los internos condenados o procesados no podrán acceder a planes sociales ni tener teléfonos móviles en las celdas.
La disposición se enmarca en la implementación del programa “Ocio Cero”, una iniciativa conjunta de los ministerios de Capital Humano y Justicia que apunta a poner fin a los privilegios dentro del sistema penitenciario. El objetivo central es claro: quienes se encuentren detenidos deberán realizar actividades productivas si desean percibir alguna remuneración.
El programa había sido presentado oficialmente semanas atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que su administración busca poner fin a una lógica instalada durante gobiernos anteriores: “El kirchnerismo premiaba la inactividad con dinero del Estado. Nosotros cortamos con eso”.
Según el lineamiento actual, sólo un pequeño porcentaje de los internos —alrededor del 5%— podrá ser asignado a tareas generales, como mantenimiento o limpieza, con un tope de ocho horas laborales por día. Las demás labores, como la higiene de las celdas y espacios comunes, pasarán a ser consideradas parte de la convivencia, sin compensación económica.
Bullrich también indicó que esta nueva estrategia estará articulada con el programa “Manos a la Obra”, vigente desde octubre de 2024, que promueve la participación activa de los reclusos en tareas útiles. “Las cárceles no deben ser centros de castigo, sino de reinserción social. Y para eso, es fundamental que los internos asuman la responsabilidad de colaborar en el mantenimiento de las instalaciones penitenciarias”, sostuvo la ministra.
La funcionaria fue tajante al justificar la medida: “No vamos a seguir liberando delincuentes sin responsabilidad. Pero tampoco vamos a permitir que sigan cobrando por no hacer nada, mientras millones de argentinos trabajan a diario para ganarse el pan”.
