Es uno de los pasos en el seno del organismo de control del gasto público, cuyas autoridades deben decidir si comparten o no el criterio en cada uno los casos.
En el Tribunal de Cuentas se está analizando el ejercicio 2023 en Chimbas, el último de la gestión de Fabián Gramajo, y salió a la luz un dictamen que señala un posible perjuicio a las arcas del municipio por poco más de $212 millones de pesos. La cifra se desprende de una serie de procedimientos administrativos presuntamente irregulares, entre los que sobresalen tres ejes. Una de ellas es el pago de casi $85 millones de pesos por la rescisión del contrato con la empresa de recolección de residuos sin el aval legal. Otra es la falta de descuentos de un anticipo en una licitación, además de desembolsos efectuados en sentido contrario a lo establecido por el contrato, por un total de 79,6 millones. Y, la tercera, un grupo de Anomalías en la obra del Parque De Los Abrazos por $46 millones, entre las que aparecen pagos duplicados, señalaron fuentes calificadas.
En líneas generales, es lo que sostiene el dictamen del fiscal de Cuentas que estudió el período 2023 del municipio. No obstante, tiene que pasar a evaluación para la resolución de los miembros del Tribunal de Cuentas, los que pueden ir en sintonía con el fiscal o considerar lo contrario. Si sucede esto último, el ejercicio es aprobado. Si no, les formulan a las autoridades chimberas los llamados “cargos”, que son observaciones formales “frente a procedimientos administrativos irregulares, de los cuales, se derive un perjuicio patrimonial para la Hacienda Pública”.
Si eso pasa, los funcionarios tienen 15 días hábiles para presentar documentación, hacer sus descargos y “salvar” la cuenta. En cambio, si no pueden justificar las irregularidades, el Tribunal les declara la responsabilidad patrimonial y tienen que devolver la cifra establecida con dinero de sus bolsillos, lo que ejecuta Fiscalía de Estado.
Es decir, todavía falta para una definición, pero ya hay un dictamen técnico que puso la lupa sobre el manejo de las arcas del municipio en el final de la gestión de Gramajo, cuando fue candidato a vicegobernador de José Luis Gioja en el frente que lideró el PJ. Una dupla que venció al tándem Rubén Uñac – Cristian Andino, pero que, ni juntos, pudieron derrotar a Marcelo Orrego.
El exintendente chimbero es uno de los justicialistas que suena fuerte (y que ha dado señales) para candidatearse como diputado nacional en las elecciones legislativas de este año.
Todos los municipios, al igual que las reparticiones del Gobierno provincial, deben presentar cada año sus cuentas ante el Tribunal, el organismo encargado del control posterior del gasto público. En este caso, se encuentra en estudio la 2023 de Chimbas, al igual que otras.
De acuerdo a lo que trascendió, el dictamen indica que se le tiene que formular un cargo por el pago de cerca de $85 millones de pesos a la empresa de recolección de residuos de Miguel Ángel Audisio por la rescisión del contrato, sin que exista, presuntamente, un fundamento legal.
Otra supuesta irregularidad administrativa tiene que ver con que, en una licitación (no trascendió de qué tipo), hubo un anticipo a la empresa ganadora, sobre el cual no hay documentación que demuestre que se haya descontado de los pagos mensuales por la ejecución de la obra o prestación del servicio. Incluso, esas deducciones se establecieron en un acta complementaria, pero no figuran en los desembolsos mes a mes.
Además, el dictamen refleja que se llevó a cabo una adecuación de precios que condujo a una equivocada forma de determinar la diferencia del monto a pagar. El monto del cargo es de 79,6 millones de pesos.
Luego, aparece la obra del Parque De Los Abrazos, en la que están bajo la lupa una serie de redeterminaciones de precios, por un total de 10,4 millones de pesos. En ese caso, consta una compensación, una nota de crédito a favor del municipio, por 17,7 millones por las redeterminaciones, pero que no se encuentra registrada de acuerdo a las normas.
También figuran pagos duplicados de elementos que se colocaron en el espacio verde, los que, según el dictamen, fueron cancelados entre 2021 y 2022 y que están registrados como nuevamente pagados en 2023. El reparo, en ese caso, es de 18,5 millones.
Después, el dictamen señala el pago de un adicional para dos empleados, pero, al final, se les abonó un poco por encima del porcentaje establecido por decreto durante dos meses. Además, ese plus se les había liquidado con anterioridad, por siete meses, sin que existiese una resolución que lo avalase. Así, el total fue de 421.575 pesos.
Asimismo, se le pagó a un empleado por tres meses, cuando estaba dado de baja de su puesto. El monto superó los 67 mil pesos. Por último, se creó un fondo para subsidios culturales, el cual debió ser avalado por ordenanza del Concejo Deliberante, según establece el dictamen.
Por otro lado, no trascendió qué funcionarios quedarían en la mira, por lo que se verá a medida que avance el caso. Ahora, el Tribunal de Cuenta, integrado por los uñaquistas Pablo García Nieto (presidente) y Juan Flores (vocal permanente), el giojista Elio Frack (vicepresidente), y los vocales transitorios Enrique Conti (del bloquismo disidente) y Daniel Pérez Celedón (bloquista) deberán analizar el dictamen y definir si confirman todos o algunos reparos o, por el contrario, aprueban la cuenta.
