En una sesión intensa, atravesada por fuertes cruces políticos e ideológicos, el Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el oficialismo logró aprobar el proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y, tras su aprobación en la Cámara Alta, quedó oficialmente establecido que los menores podrán ser penalmente responsables a partir de los 14 años.
El debate dejó expuestas tensiones tanto dentro del oficialismo como en la oposición. Una de las grietas más visibles se dio entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Días antes de la votación, Villarruel había recibido a representantes de la Pastoral Social y de Cáritas, en el marco de las críticas que la Iglesia Católica expresó contra el proyecto. El dato no pasó inadvertido: durante la campaña de 2023, la propia vicepresidenta se había manifestado a favor de una reforma en esta línea.
Las posiciones durante la sesión fueron contundentes. El senador Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago) cuestionó con dureza la iniciativa: “Este proyecto ha logrado la unanimidad del rechazo de instituciones públicas y privadas especializadas en derecho penal juvenil. Salvo un comunicado del Ministerio de Justicia y algunos periodistas bajo la consigna de ‘mano dura’”.
Desde la Unión Cívica Radical, Carolina Losada defendió la reforma al señalar que “el crimen cambió y tenemos que adaptarnos a la realidad. No podemos seguir con leyes del siglo pasado porque no funcionan”. En la misma línea, Luis Juez sostuvo que la norma busca ordenar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina, aunque reconoció que “ninguna ley le va a devolver a los familiares de las víctimas lo que un delincuente les robó para siempre”.
En contraposición, la senadora Lucía Corpacci advirtió que la medida no resolverá el problema de fondo. “No estamos para responder al enojo, sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución”, afirmó.
Con la promulgación pendiente, el nuevo régimen marca un giro en la política penal juvenil del país y reabre el debate sobre el alcance de las penas, la prevención del delito y la responsabilidad del Estado frente a los menores en conflicto con la ley.
