Con una votación que resultó en 140 votos a favor y 80 en contra, la oposición avanzó en cambios en el uso de los decretos presidenciales.
En la sesión especial en el Congresos que la Cámara de Diputados celebró este miércoles, la oposición le propinó otro duro revés al Gobierno Nacional. En una votación que resultó 140 a favor y 80 en contra, fue aprobado la ley que restringe el uso de los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La oposición logró aprobar una reforma diseñada para acotar drásticamente las facultades del presidente Javier Milei en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, dado que el proyecto original fue modificado durante la discusión en el recinto, deberá regresar al Senado antes de poder ser sancionado como ley.
La propuesta establece que el Congreso contará con un plazo perentorio de 90 días corridos para ratificar o rechazar los DNU. En caso de que no haya un pronunciamiento en ese período, los decretos perderían automáticamente su vigencia
Un punto crucial de la iniciativa es que exigirá el visto bueno explícito de ambas Cámaras para que un DNU permanezca en vigor. Esto dotaría a la oposición de una herramienta poderosa, ya que solo necesitaría obtener una mayoría simple en cualquiera de las Cámaras para invalidar cualquier decreto presidencial
Si esta reforma se convierte en ley, impondría un freno significativo al margen de maniobra del Poder Ejecutivo, especialmente considerando su actual situación de minoría parlamentaria. El Gobierno se vería obligado a intensificar la negociación y construir consensos amplios si pretende sacar adelante su agenda de reformas.
El temario de la sesión de la oposición no se limitó a los DNU. También incluyó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reciente promulgación de la ley de emergencia en discapacidad a la que no se le asignó presupuesto. Los bloques más duros han sido claros: si Francos no presenta una reasignación de partidas inmediata para financiar la ley, promoverán una moción de censura. Este mecanismo, amparado en el artículo 101 de la Constitución, permitiría remover al jefe de ministros por razones de índole política.
Además, la agenda legislativa incluyó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para que se fije una fecha tope para debatir el Plan de Ingresos y Gastos de 2026. El objetivo es evitar que el Poder Ejecutivo pueda extender por tercer año consecutivo la validez del Presupuesto aprobado en 2023.
En paralelo, la oposición buscó avanzar con la interpelación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Esto se debe a los audios filtrados por Diego Spagnuolo que sugieren supuestos casos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque ambos fueron convocados formalmente por la Comisión de Salud, optaron por no asistir.
Finalmente, también se pondrá a discusión la modificación del sistema de reparto de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Esta medida, que podría ser vista como un gesto de apoyo a las provincias, es considerada también una herramienta estratégica de la oposición para asegurar el quórum y la asistencia de los bloques provinciales.
