La promesa de plata rápida y tecnología de punta terminó revelando una maniobra fraudulenta. La Justicia sanjuanina cerró una causa inédita que pone bajo la lupa el uso de datos biométricos.
Lo que en su momento parecía una movida moderna y tentadora, con vecinos haciendo cola para escanear su iris a cambio de unos pesos, terminó en un verdadero papelón judicial. En San Juan, aquella postal de “plata fácil” y aplicaciones por todos lados quedó atada a una condena inédita por estafa y uso indebido de datos biométricos. La historia, que arrancó como curiosidad, hoy aparece como un caso testigo de cómo puede disfrazarse un engaño digital.
Durante semanas, el fenómeno creció sin freno. Los turnos se sacaban por una app, los pagos llegaban a billeteras virtuales y los puntos de atención se llenaban de gente, muchas veces empujada por la necesidad. En ese clima empezaron las dudas de fondo: qué hacían con el iris, quién manejaba esa información y si de verdad había garantías para quienes aceptaban participar. Desde el Gobierno provincial, el entonces secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, admitía que el panorama no estaba del todo claro y lo decía sin vueltas: “Estamos trabajando intensamente para determinar si esa actividad está dentro de la ley o fuera de ella”.
Las inspecciones confirmaban que el movimiento era grande. “Se constata que varias personas hacen cola para ingresar”, describía Sánchez al hablar de los lugares donde se realizaban los escaneos. Pero había un obstáculo que trababa todo: nadie denunciaba. “El problema es que nadie denuncia. Si hubiera una persona que diga que lo han engañado en algún tramo, inmediatamente procedemos“, advertía por entonces. En paralelo, desde Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo sostenía que no veían irregularidades formales y aclaraba: “En el caso de San Juan, no hay contratos, sino que se manejan por una App… están en regla”.
Con el tiempo, las sospechas dejaron de ser solo preguntas y se transformaron en una causa concreta. Se conocieron detalles de la investigación que terminó por confirmar la maniobra. Según fuentes judiciales, Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta captaban personas, sobre todo en Rawson, entre agosto y septiembre de 2024, con lapromesa de trabajo para una supuesta empresa europea llamada WorkCoin. A cambio de unos 10.000 pesos, las víctimas entregaban el escaneo de su iris sin saber que esos datos serían usados para fines ilícitos.
La maniobra seguía con otro paso igual de delicado. Con esa información, los acusados abrían cuentas digitales que después funcionaban como “mulas“ en operaciones ligadas a criptomonedas. Así generaban ganancias ilegales mientras se quedaban con el dinero y con los datos personales de quienes habían confiado. La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas junto a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, concluyó que actuaron de manera premeditada y aprovechándose de personas vulnerables. El cierre fue una condena por estafa y violación de la privacidad: ambos recibieron 8 meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta, en un fallo que ya quedó marcado como histórico.
Queremos saber la verdad de todo esto para darle tranquilidad a la gente. No nos vamos a quedar con dudas”, decía Sánchez cuando el caso recién empezaba a tomar cuerpo. Hoy, con la causa resuelta, esa frase vuelve a sonar con fuerza. Lo que primero fue furor en la calle terminó en los tribunales y dejó una lección bien clara: cuando se trata de datos personales, el riesgo puede ser mucho más serio de lo que parece.
