Se trata de Omar Carrizo, su hijo Iván y Cecilia Avendaño, quienes están detenidos por presunta falsa denuncia y defraudación. Ella adelantó que va a declarar. Hay misterio en torno al origen y el destino de los $10 millones que dijeron que les robaron.


Los tres punteros políticos de la cooperativa 9 de Julio Avanza, presos desde la semana pasada por denunciar falsamente el robo de $10.000.000, fueron trasladados al penal de Chimbas. Esto agrava las condiciones de detención de todos ellos, mientras continúa el misterio sobre el origen de ese dinero y el destino que se le iba a dar. También hay expectativa porque la joven involucrada, aparentemente, rompió el pacto de silencio con los otros dos sospechosos y adelantó que va a declarar.
Omar Fabián Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño fueron detenidos el pasado 16 de julio durante una serie de allanamientos en 9 de Julio. Esto ocurrió después de que los fiscales Claudia Salica y Miguel Gay, junto con la ayudante fiscal Florencia Caillet, descubrieran que el robo de una mochila con $10 millones, denunciado por el mayor de los Carrizo, era falso.

La investigación determinó que los imputados habían retirado $27.800.000 del banco Credicoop, aunque sólo denunciaron el robo de una parte de esa suma. Según su versión inicial que dio Omar Carrizo, dos motochorros lo emboscaron en calle Entre Ríos, entre Libertador y Laprida, y le arrebataron una mochila con $10 millones. El resto del dinero, aseguró, lo llevaba en una bolsa que no le robaron. Sin embargo, las cámaras de seguridad desmintieron esa escena: el supuesto robo nunca ocurrió. Además, el hombre dijo que caminaba solo al momento del ataque, pero las imágenes muestran que los tres estaban juntos en Entre Ríos y Libertador.
Estas incongruencias llevaron a que la fiscalía solicitara sus detenciones. Los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestraron $4 millones en la casa de los Carrizo, y otros $4 millones fueron hallados en el domicilio de Avendaño. Ninguno de los tres declaró durante la audiencia de formalización, por lo que no se sabe qué hicieron con el resto del dinero. Tampoco explicaron por qué, en un principio, aseguraron haber retirado $18 millones, cuando un comprobante bancario señala que el 11 de julio retiraron $27.800.000.

De este modo, aún falta localizar los $19.800.000 restantes o determinar a dónde fueron a parar. Además del hallazgo de dinero, los fiscales detectaron contradicciones en las declaraciones y maniobras que —según expresaron— buscaban entorpecer y desviar la investigación. Hay versiones que indican que ese dinero proviene de la Municipalidad de Rawson, confió una fuente judiciales. De hecho, tres concejales de la oposición de ese departamento ya solicitaron un pedido de informe para que el intendente Carlos Munisaga brinde explicaciones sobre por qué transfirió esos fondos a la cooperativa 9 de Julio Avanza y en concepto de qué obras.
La fiscalía imputó a los Carrizo y Avendaño por los delitos de defraudación y falsa denuncia, y el juez de Garantías Javier Figuerola dictó un mes de prisión preventiva para los tres, entendiendo que su libertad podría poner en riesgo el avance de la causa. La medida fue solicitada por el Ministerio Público ante la posibilidad de que los imputados ocultaran evidencia o el destino del dinero faltante.
Aunque en audiencia los Carrizo y Avendaño no aclararon qué relación tienen con la cooperativa 9 de Julio Avanza, fuentes del caso indicaron que son punteros políticos vinculados al municipio, y que Avendaño, estudiante de abogacía de 30 años, figura como presidenta de la organización. El caso podría agravarse si se comprueba que los fondos retirados pertenecen a una entidad estatal o fueron aportados por organismos públicos, en cuyo caso se consideraría una defraudación contra la administración pública.

La relación entre los tres imputados está rota. Cecilia Avendaño, quien compartía abogados con los Carrizo, revocó la designación de sus letrados y pidió nuevos defensores. La joven se desfiguró cuando el juez le informó que iba a quedar detenida. En ese momento se quebró y dijo que estaba dispuesta a declarar, pero no pudo hacerlo por no contar con asistencia letrada.
Fuentes del caso señalaron que todavía no se han abierto los sobres que contienen los libros de actas de la cooperativa ni los celulares secuestrados a los tres imputados. Se estima que allí podrían encontrarse pruebas importantes y reveladoras del caso. Mientras tanto, la situación de Carrizo y Avendaño se complica. Hoy están como un preso más en el Servicio Penitenciario Provincial.
Fuente Diario Tiempo de San Juan
