El presidente brasileño insiste en una política de seguridad que enfrente la raíz del problema del narcotráfico en vez de impulsar la “matanza”, tras una megaredada que dejó más de 130 muertos y donde se denuncian ejecuciones sumarias
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este miércoles una Ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir las investigaciones. Mientras tanto, los cuerpos continúan apilandose en el después del operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro.
Lula insistió en que Brasil necesita “una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”. El proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso busca precisamente unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales. “El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas”, declaró Lula a través de sus redes sociales.
Una tragedia en las favelas
La “Operación Contención“, desplegada por el gobierno estatal de Castro antes del amanecer en los complejos de favelas de Penha y Alemão, buscaba capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho. Participaron unos 2.500 agentes de las policías Civil y Militar.
Testigos y organizaciones sociales denunciaron ejecuciones sumarias. “Hay personas ejecutadas con tiros en la nuca o por la espalda. Esto no puede considerarse seguridad pública”, afirmó el activista Raull Santiago.
En Vila Cruzeiro, una de las zonas más afectadas, los vecinos pasaron la madrugada recuperando cuerpos entre el olor a pólvora y los restos de los enfrentamientos. “Nunca vi nada igual, ni siquiera en la Franja de Gaza”, dijo Erivelton Vidal Correia, presidente de la asociación de vecinos.
“Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello y colgaron su cabeza en un árbol como un trofeo”, denunció Raquel Tomas, madre de un joven de 19 años muerto en el operativo.
El operativo sumió a buena parte de la ciudad en el caos: escuelas y universidades suspendieron clases, el transporte colapsó y miles de personas quedaron atrapadas en sus casas. “Esto ha sido una masacre, no una operación. Vinieron a matar”, dijo Cida Santana, madre de otra víctima.
Atacar las raíces
Lula sostuvo que el país necesita “una política de seguridad moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”. Recordó que su gobierno ya envió al Congreso un proyecto de ley para unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales. “Necesitamos un trabajo coordinado que impacte la espina dorsal del narcotráfico sin colocar policías, niños y familias inocentes en riesgo”, escribió el mandatario el miércoles.
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Y agregó: “El crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas y golpeen sus estructuras financieras”. Lula citó como ejemplo la gran operación de agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC), que desmanteló una red dedicada a la venta de drogas, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero. “Brasil no puede aceptar que el crimen siga destruyendo familias y oprimiendo a la población”, sostuvo.
En respuesta a la crisis, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski viajó a Río y se reunió con el gobernador Cláudio Castro. Anunciaron la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que coordinará acciones entre fuerzas nacionales y regionales.
Lewandowski aclaró que el apoyo federal se centrará en la inteligencia financiera y el aislamiento carcelario de líderes criminales. “Más que enfrentamientos armados, la principal herramienta de combate al crimen organizado son las investigaciones que identifiquen y embarguen los recursos de estas organizaciones”, subrayó el ministro.
Visiones distintas
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, defendió la actuación policial y la calificó como un “éxito” y un día histórico para la ciudad. “Las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos. No hubo inocentes. Los fallecidos eran narcoterroristas”, aseguró, utilizando un término que se ha vuelto frecuente en la retórica del bolsonarismo.
Castro sostuvo que los enfrentamientos se produjeron “en el bosque” y que “ninguna persona inocente estaría paseando por allí durante un día de conflicto”. Este tono se extendió a la reacción de la derecha, que adoptó la operación como modelo a seguir para combatir el crimen organizado.
El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, convocó al gobernador y a los jefes de la Policía Militar y Civil a una audiencia el próximo lunes, en la que deberán explicar el nivel de fuerza empleado, el número de agentes involucrados y las circunstancias de las muertes provocadas.
Pese a las denuncias, la operación provocó una inédita unión de la derecha. Tras una reunión virtual en la víspera, gobernadores como Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais) organizaron una visita conjunta a Río, después de la cual felicitaron a Castro y calificaron la acción como “exitosa” y “ejemplar”.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, aprovechó la masacre para impulsar la narrativa de que las facciones criminales brasileñas son “organizaciones terroristas”, siguiendo el libreto del trumpismo. “Miren este arsenal de guerra incautado en un solo día y díganme si no son terroristas”, escribió en X.
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En la misma línea, su hermano Carlos Bolsonaro publicó un mensaje en inglés citando una audiencia pública del legislador bolsonarista Márcio Gualberto, donde se pidió que Brasil clasifique al Comando Vermelho como organización terrorista, acusando al gobierno de Lula de no accionar de forma acorde. Carlos vinculó esa postura con la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Brasil renuncie a su soberanía en materia de seguridad y permita “acciones conjuntas” contra grupos armados.
El anuncio se produjo mientras el país sigue conmocionado por la Operación Contención, lanzada el martes por el gobernador del Estado, Cláudio Castro. El balance oficial del gobierno estatal informó de 121 muertos, cuatro de ellos policías, y 113 detenidos. Pero la Defensoría Pública, que relevó datos en los institutos forenses, elevó el número de víctimas a 132, advirtiendo que no todos los fallecidos pertenecían a facciones criminales.
