La valla se hará en el marco del Plan Güemes. Es a pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación pero se realizará con fondos provinciales. En Aguas Blancas reclaman por la lentitud de los procesos de controles y temen que afecte el flujo comercial.
En medio de la polémica con Bolivia por un alambrado que el gobierno de Salta construirá en la ciudad fronteriza de Aguas Blancas, el interventor que reemplazó las funciones del condenado exintendente Manuel Cornejo, Adrián Zigarán, explicó la razón de tal medida. “Era un descontrol total”, dijo el hombre que designó la gestión de Gustavo Sáenz en esa localidad de Orán para ocuparse del tema. Y detalló que tiene como objetivo “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce a Bolivia sin hacer migraciones”.
Precisó, en diálogo con radio Mitre, que el alambrado que generó la polémica con el país vecino tendrá 200 metros de largo desde la terminal de micros de Aguas Blancas hasta la oficina de Migraciones y tendrá unos 2,5 metros de alto.
Al ser consultado por qué motiva la reacción del gobierno de Bolivia, Zigarán opinó: “Para mí, está mal informado. No entiendo por qué”. “Qué bueno que ahora se preocupen”, añadió con ironía y reclamó que ese país debería poner más gente en los pasos fronterizos legales para controlar el ingreso y egreso de gente para que no se formen cuellos de botella.
Apenas conocida la resolución, el gobierno de Bolivia no tardó en aludir a la construcción del vallado en la frontera y señaló que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica”. Lo hizo a través de un comunicado difundido a través de la cancillería de ese país. “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países”, dice el escrito oficial.
Hace casi dos meses, el Gobierno nacional lanzó en Salta el denominado plan Güemes para que Prefectura controle la frontera con Bolivia con el principal objetivo de combatir el narcotráfico. “Era un descontrol. La narcofrontera se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta. Aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas”, dijo Zigarán y evaluó que “viene teniendo buenos resultados”.
En el caso de Aguas Blancas, se explayó el funcionario provincial, “sucede que todo el mundo llega a la terminal por distintos medios, ahí saltan un pequeño muro, que es para evitar inundaciones, y luego salen a Puerto Chanalas [paso fronterizo hacia Bolivia] para comprar en ese país y luego retornar”.
“No pasan por Migraciones ni de ida ni de vuelta. Entran y salen ilegales”, destacó Zigarán. Según explicó, Aguas Blancas es un pueblo que tiene entre 3000 y 4000 habitantes y que son unas 15 mil personas “las que caminan por los techos de las casas” para hacer estas compras de manera ilegal.
A raíz de esa situación, “se nos solicito la creación de un alambrado lineal hacia Migraciones desde la Aduana. Eso es todo, no sé por qué hay tanto lío contra este alambrado”, agregó el funcionario que, además, resaltó que este tipo de tour de compras hacia Bolivia, con importaciones ilegales, afecta a la economía de Orán.
