“El voto de San Juan será a favor de las universidades y la educación pública”, el adelanto de Nancy Picón en Diputados
Finalmente, y tal como había trascendido en las últimas horas, las diputadas nacionales de Orrego, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, votarán en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La postura fue adelantada sobre su exposición por Picón en el Congreso de la Nación y marca un cambio respecto a las votaciones anteriores en las que se apoyó las iniciativas nacionales, como el RIGI o el veto a la movilidad jubilatoria.
“El sector que es el futuro del país, de los jóvenes, es por esto que sabemos que hay que hacer un ajuste. El ajuste es necesario, es el que este presidente le dijo a cada uno de los argentinos en campaña y votaron, pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país. No podemos haber votado hace unos días la esencialidad en la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque, Producción y Trabajo desde San Juan siempre va a defender la educación”, dijo.
“Estamos convencidos de que tenemos muchos lugares en los que seguir trabajando para que existan los fondos y que próximamente hemos empezado a trabajar en el presupuesto, que empezará a regir en el 2025 y se verán los nuevos fondos para las universidades. El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”, concluyó.
El resto de los legisladores sanjuaninos del PJ, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica manifestaron públicamente su rechazo al veto y días atrás se reunieron con las autoridades de la UNSJ para conocer la situación de la casa de Altos Estudios y fundar su postura en la cámara.
La amenaza de judicializar
Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.
Si ambos recintos deciden insistir con el proyecto impulsado por un sector del radicalismo y el kirchnerismo, las autoridades nacionales ya advirtieron que van a buscar mecanismos para no implementar el aumento: “Vamos a avanzar con diferentes acciones que, seguramente, termine en una judicialización. Pero, dependiendo de cómo se interprete la norma de financiamiento de la administración pública, uno puede ejecutar o no una ley”, explicó un funcionario del círculo íntimo de Milei.
Según el artículo 38 la ley 24.156, de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, todo texto sancionado por el Congreso “que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En esta normativa se van a basar las autoridades nacionales para asegurar que la iniciativa del radicalismo no cumple con los requisitos necesarios y, por lo tanto, no cumplir con la misma, aunque reconocen que eso podría llevar a que se presenten diferentes denuncias.
