El Sindicato de Empleados Públicos, tras ampliar la denuncia contra el municipio de Zonda por presunta estafa al Estado, confirmó que los legajos laborales de todos los empleados fueron retirados y están siendo analizados por el Tribunal de Cuentas de la provincia.
El escándalo por la presunta existencia de “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sigue escalando y ahora alcanzó una nueva instancia. En coincidencia con el simbólico “día de los ñoquis”, este miércoles 29, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, confirmó a que todos los legajos de los empleados municipales fueron retirados del municipio y están siendo analizados por el Tribunal de Cuentas de San Juan.
“Seguimos expectantes, porque la causa sigue avanzando y ahora todos los legajos laborales están evaluándose y en detalle investigándose”, afirmó Díaz
El dirigente explicó que la ampliación de la denuncia fue clave para reactivar la investigación, que había sido desestimada inicialmente por el fiscal Francisco Nicolía, y que ahora está en manos de Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales.
Hay casos que son una estafa a la administración pública”
Según el gremialista, la ampliación de la denuncia presentada a principios de octubre incluyó “casos sumamente claros con respecto a la estafa en perjuicio de la administración pública”. En ese marco, el SEP incorporó nuevas figuras penales, entre ellas falsificación de instrumento público, administración fraudulenta, incompatibilidad de funciones y tráfico de influencias.
Uno de los ejemplos más resonantes es el de Gustavo Atampiz, hijo del diputado departamental Miguel Atampiz y sobrino del actual intendente Juan Atampiz. De acuerdo con la denuncia, Gustavo Atampiz figura como empleado de planta permanente del municipio mientras trabaja en Vaca Muerta.
La presentación del SEP también incluye otros dos nombres: Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil, quienes —según la denuncia— también son empleados de planta permanente, pero estarían trabajando en San Luis y en la mina Veladero, respectivamente, mientras continúan cobrando sueldos municipales.
Más irregularidades y vínculos familiares
Díaz detalló que en el municipio también se detectaron casos de reubicaciones irregulares, en los que agentes figuran cumpliendo funciones en lugares donde nunca se los ve trabajar. “Incluso las esposas del diputado y del intendente que figuran como empleadas en un merendero del municipio que no se sabe si realmente existe”, sostuvo el sindicalista
El dirigente insistió en la necesidad de que la Justicia avance en la verificación documental: “Esperemos que se investigue a fondo y que se constaten los legajos con las liquidaciones. Si esto se comprueba, estamos ante una estafa grave al Estado”.
De la denuncia gremial al escándalo político
El conflicto por los presuntos “ñoquis” en Zonda comenzó a mediados de agosto, cuando el SEP y concejales opositores denunciaron que, de los 240 empleados de planta permanente, solo entre 50 y 60 estarían cumpliendo funciones efectivas. El resto, cerca de 180 personas, permanecería en sus casas cobrando el salario completo.
El sindicato advirtió que la situación se arrastra desde 2019, y se agravó durante la pandemia. Los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (giojismo) también intervinieron, presentando una nota al intendente Juan Atampiz para que intimara a todos los trabajadores a presentarse a sus puestos en un plazo de 48 horas.
Entre los casos señalados se encuentran la esposa del diputado Miguel Atampiz —hermano del actual intendente— y la exesposa del jefe comunal, ambas en planta permanente y sin registros de asistencia laboral. Según Montaña, la esposa del legislador “fue nombrada en 2019, cuando él era intendente, y nunca se la vio trabajar”.
Hasta el momento, Juan Atampiz no hizo declaraciones públicas sobre las acusaciones que involucran a su administración y a miembros de su familia.
Fallo favorable al SEP por el traslado de un delegado
En paralelo al avance de la causa principal, Díaz informó que el SEP obtuvo un fallo favorable en otro expediente judicial contra el municipio de Zonda. En ese caso, la Justicia ordenó la restitución de un delegado gremial que había sido trasladado sin consentimiento, violando lo establecido por la ley sindical.
“El municipio lo había mandado a limpiar calles cuando su lugar de trabajo era el Camping Cerro Blanco. Todo con dictamen favorable de la abogada del municipio. Presentamos un recurso de restitución, lo rechazaron y fuimos a la Justicia, que la semana pasada falló a nuestro favor”, explicó Díaz.
Expectativa y silencio oficial
Mientras el Tribunal de Cuentas analiza los legajos de todos los empleados municipales y la UFI de Delitos Especiales continúa reuniendo pruebas, el caso promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales en el departamento.
En un contexto donde la transparencia y la función pública están en el centro del debate, el hecho de que la investigación avance se celebra no solo en el SEP sino también en todo el pueblo de Zonda que clama justicia y honestidad.
Queremos que se sepa la verdad concluyó Díaz. Y si hay culpables, que se los sancione, porque no puede seguir ocurriendo que en el Estado haya gente cobrando sin trabajar”.
Fuente: Diario Huarpe
