Pidieron movimiento en comisiones ya que el proyecto duerme hacen casi 18 meses.
Diferencias Clave: el foco en el beneficio directo al bombero
Si bien las coincidencias son muchas, las diferencias radican principalmente en la especificidad y el alcance de los beneficios y el financiamiento.
El proyecto del Interbloque orreguista y PB avanza significativamente más en la protección social y económica directa de los bomberos. Su propuesta más destacada es la creación de un paquete de beneficios concretos para los bomberos operativos activos:
1. Obra Social Provincial: Incorporación como afiliados obligatorios a la Obra Social de la Provincia (DOS) para aquellos bomberos y beneficiarios de la pensión que no posean otra cobertura de salud. El aporte estaría a cargo del Estado provincial.
2. Pensión Graciable Vitalicia: Establece un retiro para quienes acrediten 25 años de servicio, o bien 15 años de servicio y 50 años de edad. El monto sería equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este beneficio se extiende a quienes sufran incapacidad permanente por un accidente en acto de servicio y a sus derechohabientes en caso de fallecimiento.
3. Prioridad en Viviendas: Otorga un puntaje especial en los planes de vivienda provinciales.
En cuanto al financiamiento, este proyecto propone la creación de un “Fondo Provincial de los Bomberos Voluntarios” con una fuente genuina y específica: el uno por mil (0,1%) de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario provincial, además de donaciones. También estipula que el seguro del parque automotor de las asociaciones será contratado y pagado por el Estado Provincial.
Por su parte, el proyecto del Bloque Justicialista, si bien sienta las bases para la seguridad del personal voluntario como un “punto prioritario”, no detalla un esquema de beneficios sociales directos como la obra social o la pensión. Su enfoque está más centrado en la estructura operativa y el financiamiento de las asociaciones.
En cuanto a la financiación, propone que el Poder Ejecutivo “podrá incluir una partida presupuestaria” para subsidios, sin especificar una fuente de recaudación permanente como sí lo hace la otra iniciativa. Los fondos de este subsidio estarían destinados a la compra de equipamiento, capacitación y la contratación de seguros de vida, accidentes y responsabilidad civil, que correrían por cuenta de las propias asociaciones con estos fondos.
Así, mientras que ambos proyectos son un paso adelante fundamental para la regularización de la actividad bomberil en San Juan, la propuesta del Interbloque ofrece un marco de protección social más directo para el bombero, garantizando una fuente de financiamiento específica y previsible. La iniciativa del Bloque Justicialista, en cambio, se enfoca en fortalecer la estructura y operatividad de las asociaciones, dejando la seguridad social de los voluntarios sujeta a la gestión de los fondos que reciban. El debate legislativo será clave para definir cuál de estos modelos, o una combinación de ambos, prevalecerá para honrar y proteger a los héroes anónimos de la provincia.
Qué dicen los autores
El bloquista Rueda destacó sobre la necesidad de sancionar esta normativa ya que “San Juan es una de las únicas provincias que no está regulado al tema de bomberos voluntarios. Entonces, es bueno que avancemos en una legislación. Por lo menos que los reconozca como tal, para que vayan teniendo algunos beneficios que actualmente no lo tienen. Lo primero es el reconocimiento de bomberos voluntarios, que no hay ninguna ley que los reconozca”, sentenció.
La diputada Ferreyra planteó que “el proyecto de ley sobre Bomberos Voluntarios es de suma importancia porque busca darle un marco jurídico provincial al enorme trabajo que realizan las asociaciones civiles y los cuerpos activos de bomberos en San Juan. Hoy ellos prestan un servicio público esencial, en forma gratuita y arriesgando sus vidas, pero sin contar con un respaldo integral del Estado”.
Agregó que “la iniciativa que impulsé apunta a garantizar financiamiento genuino, beneficios sociales, cobertura de salud y un reconocimiento a la labor de los bomberos, equiparándolos en derechos con lo que establece la ley nacional 25.054. Creo que es un acto de justicia con quienes nos cuidan en cada emergencia, y también una forma de fortalecer la seguridad y la protección civil de todos los sanjuaninos”.
Finalizó poniendo en el tapete la demora: “en la última sesión recibimos más de siete notas de distintos cuarteles solicitando el tratamiento de los proyectos. Hice una moción de preferencia para que se tratara en las comisiones que fue girada oportunamente (LAC, Obras y Servicios y la comisión de Hacienda) para su estudio, pero lamentablemente no fue acompañada por el oficialismo ni los autores del segundo proyecto. El compromiso sigue siendo insistir en que se trate, porque la provincia no puede seguir postergando esta discusión. El tema del no tratamiento de los proyectos en comisión es en general, no se trata ninguno de los proyectos solo los mensajes del Ejecutivo”.
Qué dicen los bomberos
Los bomberos sanjuaninos Sergio Cuello y Sergio Trigo explicaron la necesidad de una ley provincial que regule la actividad, fortalezca el sistema de emergencias y reconozca su labor con una obra social y una pensión, entre otras mejoras.
Ante la demora en el tratamiento legislativo, los bomberos voluntarios volvieron a poner en agenda la importancia de una ley que regule su actividad en la provincia. Cuello dijo que “se presentaron dos proyectos el año pasado y todavía están en estado parlamentario”. Explicó que durante mucho tiempo pidieron una norma que no solo establezca obligaciones, sino también beneficios para quienes dedican su vida a proteger a la comunidad. Para él, San Juan estaba quedando atrás en comparación con otras jurisdicciones del país: “hay muchas provincias que ya lo tienen en la Argentina, nosotros somos una de las que estamos quedando atrás”.
Entre las solicitudes, Cuello mencionó un reconocimiento económico tras veinticinco años de servicio y una “obra social para él y su grupo familiar”. Aclaró que no todos los bomberos necesitarían este último beneficio, ya que muchos ya cuentan con cobertura a través de sus empleos públicos o privados. Destacó la falta de reconocimiento oficial de su labor, ya que no poseen “el mismo estatus de seguridad que tienen, por ejemplo, las empresas de seguridad privada. Sostuvo que esta ley beneficiaría no solo al bombero, sino “también a la institución y también a la provincia”, dado que las instituciones reciben subsidios para equipamiento que abaratan los costos operativos para el Estado.
Por su parte, Sergio Trigo, suboficial mayor del cuartel de bomberos de Chimbas y coordinador provincial de operaciones interprovinciales, detalló su visión sobre los proyectos. Explicó: “Nosotros, con la ley que buscamos, un ejemplo, que se cree el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios, el cual incluya a todas las asociaciones civiles y la federación”. Afirmó que este sistema definiría formalmente la relación de los cuarteles con el Gobierno Provincial y con Protección Civil.
Trigo hizo especial hincapié en la necesidad de un mayor control para garantizar el profesionalismo del sector. Aseguró que las instituciones deberían estar registradas y certificadas, cumpliendo con estrictos requisitos operativos, como tener “el equipamiento correcto, el vehículo correcto, el respaldo en equipamiento, en capacitación también”. Según expresó, el objetivo de esta medida fue evitar que se repitan casos como los de “cuarteles de bomberos voluntario fantasma que era solamente para robar”, ocurridos en Buenos Aires. La idea central fue que los cuarteles trabajen “en conjunto con el gobierno y la protección civil quien regula las emergencias acá en la provincia”.
El proyecto también contempla la creación de un fondo provincial destinado a la capacitación, equipamiento y sostenimiento operativo. Trigo especificó que no pidieron un financiamiento total, sino “una ayuda como para tener nosotros algo asegurado”. Además, propuso mecanismos para que el equipo dañado durante un servicio se pueda reintegrar automáticamente, sin esperar a la liquidación de un subsidio. También solicitó “la accesibilidad o la facilidad” para que los cuarteles puedan adquirir y adaptar vehículos que el Estado da de baja y ponerlos al servicio de la comunidad.
En el plano social, Trigo profundizó sobre los beneficios. Insistió en que los bomberos voluntarios, muchos de ellos trabajadores independientes, necesitan estar “dentro de la Obra Social Provincia” para recibir atención médica tanto ellos como sus familias. Planteó, además, que el bombero “tenga un puntaje especial para que pueda recibir una vivienda”, un beneficio similar al que ya tienen otros grupos. Finalmente, aclaró que no buscaron una jubilación, sino una “pensión graciable” como reconocimiento a quienes cumplieron veinticinco años de servicio, o cincuenta años de edad con quince de servicio, por su trabajo desinteresado por la comunidad. Un reconocimiento, dijo, para quienes “dan cosas sin pedir nada a cambio”.
Trigo concluyó que el objetivo final es dar a los bomberos voluntarios “un marco legal provincial”. Esto implica asegurar un financiamiento básico estable, fortalecer su rol en la respuesta a emergencias y otorgar beneficios sociales a todos los integrantes del sistema. El reconocimiento y la certificación, finalizó, son claves para que la provincia “sepa qué es lo que cuenta y le exija que cumpla” con los más altos estándares, y así desterrar la percepción de que “el bombero voluntario es un proyecto o que no brinda garantía ni seguridad”.
