LA SOSPECHOSA (derecha) pudo volver a su casa porque sólo le impusieron medidas de conducta. Podría zafar de la investigación con una aprobación porque no tiene condenas previas.
En el enésimo ataque contra la nena, su tío decidió intervenir. Se la arrebató para que dejara de castigarla, como lo había hecho otras tantas veces. Pero esta vez quiso buscar una solución un poco más de fondo: se fue hasta la UFI CAVIG y enseguida el fiscal, Mario Panetta, con la ayudante fiscal, Verónica Recio, encaminaron una investigación que ayer cuajó en una imputación concreta: lesiones leves agravadas por el vínculo contra esa mujer de 36 años que aseguró dedicarse a la venta de ropa.
Cinco meses como plazo de investigación pidió Fiscalía, sin oposición del defensor oficial, Marcelo Salinas Weber, y ese tiempo fue el que autorizó el juez del caso, Gerardo Fernández Caussi.
El magistrado también autorizó que la nena sea entrevistada por psicólogos del ANIVI, para que confirme (o no) la denuncia de su tío. Y relate si su propia madre pudo cometer otros delitos en su contra. Por ahora, un médico revisó a la menor y le detectó golpes en sus brazos, antebrazos y al menos en una pierna, indicaron fuentes judiciales.
El caso es manejado con mucho cuidado por el equipo fiscal, pues la niña no tiene un padre que se haga responsable de ella y su madre es también una persona con ciertos conflictos. De la investigación encarada por los pesquisas se desprendió que la sospechosa, es alguien que no atraviesa buenos momentos, pues tiene problemas con el consumo de alcohol y drogas.
Al parecer, los ataques contra su hija y tal vez otras conductas descontroladas, son perpetradas cuando está bajo el efecto de esas sustancias tóxicas, dijeron fuentes judiciales.
Sin embargo no todo parece acarrear complicaciones para el futuro de esa mujer. Sucede que el delito que le atribuyen encuadra en las hipótesis que la ley prevé para conceder el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation).
Esta salida implica para el imputado que no tenga una condena inmediata previa, la posibilidad de ofrecer una suma de dinero como pago ‘simbólico’ del perjuicio causado, realizar tareas comunitarias en alguna entidad de bien público y cumplir ciertas reglas de conducta durante el plazo que el juicio en su contra se suspenda.
La suspensión del juicio podrá ser de entre 1 y 3 años, según la gravedad del delito. Durante ese tiempo, el imputado deberá cumplir reglas de conducta que, en caso de no cumplir, implicarán la revocación del beneficio. Por el contrario, si el imputado cumple, será desligado con un sobreseimiento.
