Quedó en la mira por manosear a su excuñada de 11 años y atacar a una sobrina. Ofrece el testimonio de otra menor para despegarse.
Todos fueron problemas para el cabo A.A.R. desde que la madre de su expareja lo denunció por manosear a quien durante esa relación fue cuñada, una nena de 11 años. Lo denunciaron el 22 de julio del año pasado y como parte de la investigación encarada en la UFI ANIVI por el fiscal coordinador, Raúl Iglesias, con la ayudante fiscal, Julieta Carcelero, hubo averiguaciones en el entorno del sospechoso y entonces le saltó otro caso en contra: posibles agresiones sexuales contra su propia sobrina, que hoy tiene 19 años.
Además de la doble imputación penal por abuso sexual, el policía quedó en una situación complicada, porque laboralmente también se abrió una investigación interna para evaluar su conducta. Mientras avanza ese sumario en la oficina de Inspección y Control de Gestión, el policía no cobra sus haberes, dijeron desde su entorno.
El efectivo ya negó haber cometido esas agresiones sexuales contra las menores. Y como parte de su estrategia defensiva, sus abogados Eduardo Sait y Fernando Bueno, intentarán, en primer lugar, desligarlo de una de las maniobras que le atribuyen: los abusos contra su sobrina.
Para eso, ofrecerán como testigo a otra menor, una nena de 11 años, quien será interrogada por psicólogos del ANIVI.
Los defensores sostienen que la última denuncia en contra de su cliente, pudo haberse producido en un contexto de conflicto familiar, pues la madre de esa chica es policía y no se separó en buenos términos de la padre de la jovencita.
Por eso no descartan que la denuncia contra su defendido sea parte de una contraofensiva de la madre de la chica, como parte de los graves problemas que mantiene con su ex y toda su familia.
Como los abusos que le atribuyen al policía fueron calificados como simples, Fiscalía no consideró necesario que permanezca detenido.
Por eso ayer le pidieron al juez de Garantías, Matías Parrón, que prolongue hasta el próximo 10 de abril las medidas de coerción contra el efectivo. A saber: someterse al proceso y presentarse cada vez que sea citado, y no molestar ni acercarse a las víctimas ni a sus familiares.
El magistrado accedió a las solicitudes de las partes: prolongó las reglas de conducta impuestas al policía mientras permanezca en en libertad. Y autorizó el interrogatorio de la nena de 11 años por parte de los psicólogos del ANIVI. La versión de esa menor es para la Defensa, un punto clave para intentar que su cliente despegue de la última denuncia.
