En las próximas horas, el intendente de Zonda, Juan Atampiz, podría enfrentar una denuncia formal en la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por pecunio, es decir, el presunto uso del cargo para beneficio personal y político.
La presentación judicial estaría vinculada a una situación que habría salido a la luz en las últimas semanas: al menos 180 de los 238 empleados que habrían pasado a planta permanente en el municipio no cumplirían funciones efectivas, entre los que se encontrarían familiares directos de funcionarios y allegados políticos de la gestión.
Desde el Sindicato de Empleados Públicos, junto a delegados y concejales opositores, habrían advertido que este “mega pase a planta” no solo comprometería los recursos del municipio, sino que también configuraría una maniobra irregular al mantener en la nómina a personas que no desempeñarían tareas reales en la comuna.
La abogada Vanesa Dax, en representación legal del Sindicato de Empleados Públicos, sería quien estaría a cargo de los aspectos legales de la presentación judicial.
“Se estaría utilizando el aparato municipal como plataforma política y beneficio personal de un grupo reducido, mientras que los empleados que sí cumplen funciones estarían sobrecargados y sin respaldo”, habrían señalado desde el sector sindical.
La denuncia que se radicaría en tribunales buscaría que la Justicia investigue la presunta administración fraudulenta de recursos, el nepotismo y el desvío de fondos públicos a través de estos contratos irregulares.
De prosperar, la causa podría marcar un antecedente judicial en la provincia respecto al uso discrecional del empleo público con fines políticos y familiares.
