El municipio de Zonda vuelve a ser foco de cuestionamientos por presuntas irregularidades en el uso de los fondos públicos. Ángel Varela Gelves, delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en ese departamento, denunció que más de 150 personas habrían sido designadas como personal de planta permanente sin cumplir funciones en el municipio.
Según su testimonio, esta situación estaría ocurriendo desde hace varios meses y alcanzaría un costo estimado de más de 100 millones de pesos mensuales para las arcas municipales.
“Desde hace tres meses vengo pidiendo explicaciones a los concejales. En las sesiones planteo que hay más de 150 personas que figuran como planta permanente pero no asisten a trabajar. Lo grave es que se siguen liquidando sus sueldos sin recibir ningún tipo de servicio por parte de ellos”, señaló Varela Gelves a este medio.
El delegado explicó que las respuestas que ha recibido por parte de la mayoría del cuerpo legislativo local han sido insatisfactorias. “Me contestan que son arreglos políticos. Yo les dije que eso no es una respuesta válida, porque acá estamos hablando de posible estafa al Estado”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que sólo el concejal Víctor Montaña ha respaldado su reclamo.
En la última sesión, Varela Gelves expuso públicamente dos casos que considera paradigmáticos: el de Liliana Páez, esposa del diputado provincial Miguel Atampiz, y el de Karen Hermidia Olivares, pareja del actual intendente Juan Atampiz. Según indicó, ambas figurarían como personal de planta permanente con categorías 24 y 20, respectivamente, pero no habrían sido vistas trabajando en dependencias municipales.
Sobre Páez, el delegado remarcó que “el mismo diputado Atampiz dijo en su momento, en declaraciones a la prensa, que jamás pondría a su señora como planta permanente. Incluso aseguró que prefería que ese puesto fuera para alguien que lo necesitara. Sin embargo, terminó siendo designada y está cobrando un adicional por título de 160 mil pesos, que no sabemos si realmente tiene”.
Otra de las preocupaciones señaladas por Varela Gelves es la falta de control y registro electrónico de asistencia laboral. “Las personas que figuran en planta deben firmar presencialmente todos los días en la oficina de Personal. Hay cámaras instaladas en la entrada de esa oficina, y también en la bloquera. Yo ya he advertido en sesiones que no vayan a aparecer mágicamente cuadernos firmados, porque voy a pedir las grabaciones”, advirtió.
Según su estimación, cada uno de los agentes designados sin prestar funciones estaría cobrando en promedio entre $700.000 y $750.000 por mes. En total, el gasto podría rondar los 100 millones de pesos mensuales, sin contraprestación laboral.
“Esto no es nuevo. El diputado Miguel Atampiz fue intendente durante ocho años y ahora continúa su hermano, con las mismas prácticas. Siempre lo han hecho así. Y mientras tanto, hay personas que realmente necesitan trabajar y no consiguen un puesto”, remarcó.
Consultado sobre los pasos a seguir, Varela Gelves confirmó que se está trabajando junto a su compañera sindical Natalia Barros y con el respaldo legal del asesor gremial José Díaz para avanzar en una presentación judicial en las próximas semanas. “No puedo adelantar muchos detalles por estrategia, pero sí te confirmo que va a haber novedades importantes en el ámbito judicial. Esto no puede seguir así”, afirmó.
Por su parte, el concejal Montaña presentó formalmente una nota exigiendo al intendente que se garantice el cumplimiento efectivo de las funciones por parte de los agentes municipales. “Pidió que los demás concejales acompañaran con su firma, pero ninguno respondió”, lamentó el delegado.
Esta nueva denuncia se suma a un historial de señalamientos contra los hermanos Atampiz, que incluyen presunto nepotismo, mal uso de fondos públicos, designaciones irregulares, y pérdida de recursos del Estado.
Fuente Diario La Nota San Juan
