La mujer, de 29 años, fue sentenciada luego de que el jurado popular votara por amplia mayoría.
La enfermera Brenda Agüero, de 29 años, fue condenada este miércoles a prisión perpetua por el asesinato en serie de cinco bebés recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. La sentencia fue dictada por un jurado popular, compuesto por ocho ciudadanos y dos jueces técnicos, que la encontró culpable por unanimidad.
Se trata de un caso sin precedentes en la historia argentina, tanto por la gravedad de los hechos como por la cantidad de víctimas involucradas. La única pena posible para estos delitos, según el Código Penal, era la reclusión perpetua.
El veredicto fue leído por la secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, tribunal que llevó adelante el proceso. La jueza Patricia Soria, visiblemente emocionada, inició la audiencia final con palabras de agradecimiento que marcaron el cierre de un debate judicial que conmocionó al país.
La deliberación se extendió por más de 10 horas, reflejo de la complejidad de una causa que involucró numerosos informes técnicos, testimonios y peritajes médicos. La fiscalía sostuvo que Agüero actuó con plena conciencia de sus actos, motivada por una presunta ambición profesional: buscaba ascender de Obstetricia a Neonatología, según la hipótesis acusatoria.
Los hechos ocurrieron entre marzo y junio de 2022, pero recién fueron denunciados un mes después del último fallecimiento. El caso se activó judicialmente a partir de la denuncia del ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica del hospital, que llevó lo que sabía a los tribunales. Desde entonces, se reconstruyó una cronología aterradora: 13 bebés afectados, cinco de ellos fallecidos, varios con signos de pinchazos en zonas no habituales y niveles letales de potasio o insulina en sangre, que solo podían explicarse por inyecciones externas.
Brenda Agüero era la única persona presente en todos los episodios. Estaba asignada al cuidado de las madres, no de los recién nacidos, pero su cercanía exclusiva con las mujeres en el posparto le daba acceso directo a los bebés. En muchos casos, se quedaba a solas con ellos.
Según determinó el fiscal Raúl Garzón, obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro” —equipos de emergencia sin control estricto de inventario— y administraba las sustancias en momentos en que nadie más podía verla.
Uno de los días más críticos fue el 6 de junio de 2022, cuando cuatro bebés sufrieron cuadros graves en cuestión de horas. Los médicos que declararon en el juicio coincidieron: nunca vieron tantas muertes súbitas en neonatos en un solo día. Ese día fue el punto de quiebre. El hospital entró en crisis y se otorgaron licencias masivas al personal, incluida la propia Agüero.
Las autopsias de dos bebés fallecidas, Melody Luz Molina y Angeline Rojas, fueron determinantes para comprender el patrón de los ataques. En todos los casos, las inyecciones habían sido realizadas en zonas del cuerpo inusuales, y los niveles de potasio e insulina detectados eran incompatibles con la vida.
Además de Agüero, el juicio analizó el accionar de otros funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud cordobés, quienes enfrentaban acusaciones por encubrimiento y omisión de deberes.
Fueron absolvidos:
• Alicia Ariza (ex jefa de Enfermería)
• María Luján (médica firmante de actas)
• Claudia Ringelheim (ex vicedirectora)
• Alejandro Gauto (Área Legal del Ministerio)
• Diego Cardozo (ex ministro de Salud)
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Fueron declarados culpables:
• Liliana Asís (ex directora del hospital)
• Julio Escudero Salama (ex subdirector de Gestión)
• Pablo Carvajal (ex secretario de Salud)
• Marta Gómez Flores (ex jefa de Neonatología)
• Adriana Moralez (neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente)
La fiscalía sostuvo que las autoridades del hospital y del Ministerio no dieron aviso inmediato a la Justicia pese a la acumulación de muertes inexplicables y que, por el contrario, adoptaron conductas encubridoras: ocultaron pruebas, simularon licencias y evitaron actuar ante las sospechas crecientes sobre Agüero
