Se abre un nuevo capítulo para las investigaciones de este esquema de corrupción ejercido en el sistema de salud, el cual pone contra las cuerdas al gobernador Gildo Insfrán y a un intendente.
Mientras Nación audita a distintos subsidiarios que reciben una pensión no contributiva por invalidez laboral, en medio de las denuncias por un masivo esquema de corrupción presuntamente gestado durante los años kirchneristas, trascendió un video que incomodaría al Gobierno de Formosa, encabezado por Gildo Insfrán. Se trata de un médico de la localidad de Laguna Naineck, que reconoció haber firmado estos certificados para pacientes que no perciben una discapacidad.
Cuando el Gobierno nacional dio a conocer los primeros resultados de las auditorías, mostró que habían provincias que contaban con demasiados beneficiarios a comparación de su densidad poblacional, y no todos percibían una incapacidad. Las jurisdicciones más beneficiadas habrían sido las encabezadas por Unión por la Patria: Chaco (en ese entonces con Jorge Capitanich), Formosa, Santiago del Estero, Tucumán (con Juan Luis Manzur), Misiones (gobernada por Oscar Herrera Ahuad) y Provincia de Buenos Aires.
En el caso del territorio formoseño, trascendió una filmación de un grupo de profesionales de la salud de la localidad de Laguna Naineck que puso contra las cuerdas al Ejecutivo local. Un médico fue grabado reconocimiento que falsificó pensiones para pacientes que no contaban con una discapacidad, pero querían una ayuda económica, y las implicancias legales que eso podría tener.
Durante su confesión, no sólo se autoincriminó de varios delitos, sino también involucró al intendente Julio Murdoch. Las filmaciones fueron difundidas por el periodista de Formosa Leo Fernández Acosta.
Las declaraciones se dan en medio de un contexto de crisis social y política. “Nosotros le pusimos nuestras firmas y no sabemos si vamos a tener problemas, pero lo hicimos para el beneficio de ustedes”, fueron las palabras del médico ante un auditorio lleno de gente, en silencio y con la mirada atenta.
“Habilitaron con las documentaciones correspondientes y donde por ahí no se podía, el doctor como director también firmó. En su momento el doctor Bogado también, a mí me tocó, también a otros profesionales que le pusimos nuestras firmas y no sabemos si vamos a tener problemas”, se escucha decir.
Entre los delitos que podrían recaerles a los miembros del sistema de salud, están el de: falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal; fraude a la administración pública, en el artículo 174, inc. 5; asociación ilícita, integrado en el artículo 210; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, del artículo 248. Los mismos prevén penas de entre de cinco a más de veinte años.
La legisladora formoseña Gabriela Neme compartió las imágenes y repudió lo ocurrido: “Estos médicos en complicidad con el gobernador Insfrán y los intendentes han certificados incapacidades truchas y lo reconocen. Le hacen creer que una pensión por incapacidad trucha es un derecho adquirido conquistado por la década ganada”.
“Cada pensión trucha es la causa del 75% de pobreza de Formosa, deberían ir todos presos pero como en la provincia no hay justicia, si Nación no se mete no pasará nada más que el repudio”, añadió en diálogo con este medio. De momento, el Gobierno está trabajando junto al PAMI para llevar adelante auditorías masivas en el país, sobre todo en provincias como Chaco, donde se presentan la mayor cantidad de irregularidades.
Más irregularidades en Formosa: falta de rendición de fondos
Entre medio, la diputada aprovechó para efectuar una nueva denuncia contra el mandatario Insfrán, que cayó en manos del Juzgado Federal N°11, subrogado por Sebastián Casanello. Lo acusó de no prestar rendición hace dos años de los fondos de la coparticipación.
“El Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de sus organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas de la Provincia y el Poder legislativo, ha impedido y obstaculizado que la Cámara de diputados de la provincia pueda tener acceso a las cuentas de
inversión, de los periodos 2022 y 2023, violándose en forma fragrante la constitución nacional y la ley de ética pública”, explica el escrito.
Además, en la denuncia se manifiesta: “La obligatoriedad del envío a la Cámara de diputados y el tratamiento de las cuentas de inversión surge con claridad de la Constitución provincial, artículo 120 inc. 8) ‘Aprobar o rechazar, en sesiones ordinarias, las cuentas de inversión, que el Poder Ejecutivo remitirá dentro de los primeros sesenta días de las mismas’”.
