Son datos parciales de 2024 que reflejan la dura situación del periodismo argentino. El 50,5% de las pérdidas está en medios del Estado.
Desde el 1 de enero, el Observatorio Laboral de FOPEA trabaja relevando datos del contexto del ejercicio periodístico por la delicada situación general y particular que atraviesa la profesión.
Es por esto que pusimos en marcha esta herramienta que nos permite conocer información fidedigna sobre las condiciones del sector periodístico en Argentina y darle visibilidad.
Los datos que se presentan en este informe son parciales y comprenden los primeros seis meses de 2024. La foto es preocupante: en este primer semestre se perdieron 1031 puestos de trabajos relacionados al periodismo.
Panorama laboral en el Sistema Público de Medios
En los medios del Estado Nacional, suman unas 386 cesantías, con el mayor número de salidas desde Télam, donde se aceptaron 370 retiros voluntarios.
En el caso de la agencia oficial de noticias (cuyo cierre fue anunciado por el presidente en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo y concretado tres días después con el vallado y cierre de sus dos principales edificios en CABA y el progresivo cierre de corresponsalías en el interior), persiste la dispensa laboral de unos 400 empleados (los que no se acogieron al retiro voluntario).
Varios de ellos mantenían sendos acampes frente a ambas sedes desde comienzos de marzo, con los que reclamaban la reapertura de los servicios tanto periodísticos como publicitarios de la agencia.
A fines de junio el gobierno avanzó con la reapertura de los vinculados con la publicidad, a través de la Agencia de Publicidad del Estado (APESA) en uno de los dos edificios de Télam, con una plantilla de un centenar de empleados, aunque vinculados al ámbito administrativo, no de actividades de prensa.
En forma paralela, anunció la creación, en el ámbito de Radio y Televisión Argentina (RTA) de una agencia de noticias, para absorber al resto del personal de Télam que no adhirió al retiro voluntario.
El plan propuesto fue aceptado por los trabajadores, mediante un acta firmada, lo que derivó en el levantamiento del acampe, la reapertura de los edificios y el retorno del personal, lo que se frustró al segundo día, por decisión del gobierno de dar marcha atrás con el proceso.
El nuevo objetivo sería avanzar con un nuevo proceso de retiros voluntarios hasta completar unos 200 trabajadores.
En el debate en torno a la Ley Bases, para su avance y aprobación en el Senado, el oficialismo retiró del listado de empresas a privatizar, las vinculadas con los medios públicos de comunicación.
A las cesantías en Télam, se suman unas 100 rescisiones en Radio Nacional, la mayoría, contratos artísticos finalizados en la sede central y varias filiales del interior.
Desde el ámbito gremial, admiten que hubo 16 despidos de personal de planta, 8 en LRA 1 Buenos Aires y los otros 8 en filiales del interior del país.
En el caso de la Televisión Pública, según el gobierno y fuentes gremiales, no hubo despidos de personal de planta, aunque sí una baja de un centenar de contratos artísticos que involucraron a periodistas de diferentes espacios, entre otros.
El martes 16 de julio el gobierno anunció la apertura de un plan de retiros voluntarios para el personal de Radio Nacional, TV Pública y Canal 12 de Trenque Lauquen (produce el envío Pampero).
De acuerdo al régimen establecido, el procedimiento contempla dos módulos: uno específico para todos empleados “que no estén en condición de jubilarse” y otro especial para aquellos que estén próximos a jubilarse.
Fuentes oficiales precisaron que la empresa “se reservará el derecho de aceptar el retiro”, teniendo en cuenta la “valoración” de cada empleado. Es decir, los gerentes de cada área realizarán una lista previa del personal que consideran imprescindible de acuerdo a los “requerimientos” y “necesidades” de los distintos sectores.
En el marco de un “proceso de reorganización”, tanto los sitios web informativos de Radio Nacional Buenos Aires como el de la Televisión Pública fueron discontinuados en el mes de mayo, pero a mediados de junio volvieron a funcionar, aunque parcialmente.
Dentro de la rescisión de contratos en el ámbito nacional, también figuran 7 casos de periodistas que se desempeñaban en diferentes áreas de comunicación institucional de organismos públicos.
Un caso particular dentro del Estado
En el ámbito público universitario nacional, destaca la situación de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, con un desarrollo que se inició en marzo con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas (63, entre ellos, varios periodistas) y se aceleró en junio con la presentación de un plan de recorte de otros 72 puestos (entre técnicos, administrativos y trabajadores de prensa), en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), aún en plena evolución.
El objetivo de las autoridades, según explicaron a este Observatorio, es unificar la oferta periodística en una sola radio (de las dos actuales) y una sola señal de televisión (de las dos actuales), con el cierre del diario digital y la continuidad informativa a través de las redes sociales.
Panorama laboral en el ámbito privado
Desde comienzos de año, este Observatorio relevó alrededor de un centenar de puestos de trabajo perdidos, en el contexto de un proceso más amplio y complejo, que se inició hace varios años, aunque se aceleró, a la par del que se viene dando en los medios públicos de comunicación, a partir del comienzo de la nueva gestión de gobierno, en diciembre pasado.
Por vías diversas (despidos, Procedimiento Preventivo de Crisis, planes negociados de retiros, jubilaciones anticipadas, reestructuración y traspaso a nuevos dueños, etc) ha habido desde desmonte de imprentas con la consecuencia de desaparición, discontinuación o acortamiento de ediciones de diarios en papel, hasta apagones de señales de radio y televisión, achique de producciones audiovisuales, cierre de agencias de noticias y quita de columnas en periódicos impresos y digitales, entre otros.
El recorte de gastos que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional para reducir el déficit público (argumento central para avanzar en el cierre de Télam y la privatización de otros medios públicos) impacta de manera directa en el ámbito privado periodístico a través de dos vías: el corte abrupto de la pauta publicitaria oficial nacional (proceso que alcanza a medios de la Capital Federal y algunas provincias y que ocurre mientras, en algunos casos, se mantienen aún deudas impagas de varios meses) y la quita parcial de subsidios a los usuarios de servicios públicos.
Ambos factores (el último seguido de aumentos por encima del 400% en las tarifas de energía eléctrica y en menor medida de gas, en un proceso aún en desarrollo) han sido mencionados como decisivos para explicar el crítico panorama que se observa y que se solapa con procesos iniciados previamente, vinculados al cambio de hábitos informativos por parte de las audiencias y la acelerada transformación tecnológica de los medios, entre otros fenómenos.
Todo ello transcurre en un contexto de una pronunciada caída en general de la actividad económica, que en algunos rubros se asemeja a la acaecida durante la pandemia por Covid y es una consecuencia del drástico plan de reducción de la inflación que encaró el gobierno nacional.
Uno de los rubros más afectados por la recesión es el del consumo, al que se vinculan la mayoría de las cuentas publicitarias que nutren de fondos a las empresas periodísticas en todo el país, como una de sus principales vías de ingresos, además de los provenientes y ya recortados desde el ámbito público, tanto nacional, como provincial y municipal.
